El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó esta jornada la llegada a Santiago de un vuelo chárter con 48 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. Del total, 42 corresponden a hombres y 6 a mujeres, quienes fueron recibidos bajo un procedimiento coordinado entre diversas instituciones del Estado.

El vuelo arribó durante la noche del jueves al Aeropuerto Internacional de Santiago, en el marco del programa de repatriación gestionado por el Gobierno de Chile y autoridades norteamericanas. “Al momento de su llegada, seis de estas personas fueron puestas a disposición de la justicia chilena debido a que mantenían órdenes de detención pendientes”, precisó el secretario de Estado.

El ministro destacó que la operación fue realizada “gracias al trabajo conjunto entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Registro Civil y otros organismos públicos”.

Coordinación y cifras del proceso

Con este vuelo, el total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump asciende a 224, de los cuales 203 regresaron en vuelos chárter y 21 en vuelos comerciales. Elizalde subrayó que el retorno de los connacionales “se desarrolla bajo un protocolo ordenado, respetando la legislación chilena y las normas internacionales de migración”.

El titular de Interior reiteró que la política de expulsiones aplicada por el Gobierno estadounidense “no está dirigida específicamente a Chile, sino que se ejecuta de forma general para todos los países”.

Llamado al uso responsable de la Visa Waiver

Durante su declaración, el ministro Álvaro Elizalde recordó la importancia de respetar los plazos y condiciones de la Visa Waiver para evitar sanciones o deportaciones. “El respeto a estas normas es fundamental para mantener un historial migratorio limpio y garantizar futuros viajes sin inconvenientes”, afirmó.

El jefe de gabinete también reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad pública y el Estado de Derecho. “Seguiremos trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se desarrollen de manera ordenada y conforme a la ley”, concluyó.