Diputados oficialistas y de la Democracia Cristiana presentaron este martes una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que la Corte Suprema decidiera no removerlo de su cargo, pese a las denuncias que lo vinculan con el abogado Luis Hermosilla.

La medida surge como respuesta al fallo del Pleno del máximo tribunal, que no alcanzó el quórum necesario para su destitución. Ulloa había sido acusado de filtrar información sobre acuerdos judiciales, intervenir en nombramientos y no inhabilitarse en causas donde tenía vínculos con los intervinientes.

Justicia bajo la lupa: diputados exigen transparencia

Desde el Congreso, los impulsores del libelo apuntaron a recuperar la confianza en el sistema judicial.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue tajante: “La gente merece una justicia limpia, imparcial y confiable, y eso hoy está en riesgo. El ministro Antonio Ulloa no solo le enviaba poemas al señor Hermosilla, juntos tejían una verdadera red de impunidad”, señaló.

El parlamentario agregó que el ministro habría vulnerado principios básicos como la reserva, la abstención, la imparcialidad y la probidad, lo que —según dijo— configura un notable abandono de deberes.

Consultado por la posibilidad de que la acusación prospere, Manouchehri aseguró que están abiertos al diálogo: “El momento de conversar es ahora, esperamos contar con el apoyo de todas las bancadas”.

Respuesta desde la Corte Suprema

Tras el anuncio, la ministra Gloria Chevesich se refirió al tema, afirmando que la Corte Suprema “es muy respetuosa de los otros poderes del Estado” y que el Legislativo está en su derecho de actuar.
Sin embargo, pidió reciprocidad: “Así como nosotros hemos sido respetuosos, creo que debería aplicarse la misma regla. Que no haya ataques frontales a determinados ministros, sino que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes”, dijo.

La polémica vuelve a poner en el centro del debate la independencia y la transparencia del Poder Judicial, en un escenario donde la confianza pública ha estado golpeada por filtraciones, conflictos de interés y casos de tráfico de influencias.