Tribunal condena al Estado por contaminación en el “desierto de ropa” en Atacama
El Primer Tribunal Ambiental ordenó la presentación de un plan de reparación en un plazo de seis meses.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió condenar al Estado de Chile por los daños ambientales provocados por el vertimiento de millones de toneladas de ropa usada en el desierto de Atacama, fenómeno conocido como el “desierto de ropa”. La sentencia obliga al Gobierno a presentar un plan de reparación en un plazo de seis meses.
La acumulación masiva de textiles se concentra en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, donde diversas ONG han visibilizado y trabajado en la recolección y reutilización de prendas abandonadas. Los vertederos ilegales han modificado drásticamente el entorno natural y el paisaje del desierto.
El tribunal constató afectación significativa en los componentes del suelo y el paisaje, tras analizar informes técnicos, inspecciones judiciales en terreno y pruebas documentales. También se detectó la presencia de escombros, neumáticos y otros residuos en los sectores de Pampa Norte, Sur, Mollecita Norte y Sur.
Detalles de la sentencia
El ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, explicó que “estando acreditado el daño ambiental significativo en suelo y paisaje, se condena al Fisco de Chile a repararlo materialmente mediante un plan de reparación, cuyas medidas específicas están detalladas en la sentencia y que debe ser presentado al Tribunal en un plazo máximo de seis meses”.
En tanto, se rechazó la demanda contra la Municipalidad de Alto Hospicio, ya que se determinó que la administración realizó acciones para gestionar los desechos, aunque estas fueron insuficientes para revertir el daño.
“Desierto de ropa”: Plan de reparación y seguimiento
El plan deberá incluir un diagnóstico inicial, el retiro de los desechos, su disposición segura, la restauración del paisaje y la prevención de nuevos depósitos ilegales. Además, contempla instancias de participación ciudadana, transparencia en la ejecución y un sistema de monitoreo para evaluar su cumplimiento.
Las medidas también apuntan al cierre de vertederos ilegales, instalación de controles de acceso y vigilancia permanente en la zona afectada.
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