lunes 7 julio de 2025 | Publicado a las 10:35 pm · Actualizado a las 10:35 pm
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Condenado exfuncionario que cobró millones por adjudicar obras en La Serena
El exservidor público deberá pagar más de $8 millones en multas y cumplir penas sustitutivas por recibir pagos ilegales durante obras para la Copa América 2015.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó al exfuncionario municipal J.C.A.R. por los delitos consumados de negociación incompatible y cohecho, cometidos entre mayo de 2015 y febrero de 2016 durante su gestión en el municipio serenense.
Según el fallo unánime de los jueces María Inés Devoto Torres, Claudio Weishaupt Milner y Ana Marcela Alfaro Cortés, el condenado deberá cumplir 41 días de presidio y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por negociación incompatible, además de pagar una multa de $4.162.627. Por el delito de cohecho, se le impuso otra pena de 21 días de presidio, suspensión de funciones públicas por 60 días y una multa adicional de $4.500.000.
Ambas penas fueron sustituidas por remisión condicional por un año, por lo que el condenado deberá presentarse en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería en La Serena dentro de cinco días tras quedar firme la sentencia. Si incumple esta medida, se revocará el beneficio y deberá cumplir la pena efectiva.
Corrupción en obras públicas
Durante el juicio, se acreditó que J.C.A.R., en su rol de funcionario municipal, gestionó la contratación directa del constructor D.M.R. para realizar obras en el estadio La Portada con motivo de la Copa América 2015 y el Mundial Sub 17.
El tribunal estableció que el acusado aumentó artificialmente el presupuesto, aportó dinero de su propio bolsillo para facilitar las obras, y exigió pagos ilegales por un monto no inferior a $15 millones, provenientes de facturas emitidas por el contratista en junio, julio y noviembre de 2015.
El fallo señala que J.C.A.R. actuó en beneficio personal, vulnerando los principios de objetividad e imparcialidad del servicio público, imponiendo condiciones económicas a cambio de adjudicaciones a dedo. El tribunal subrayó que el interés del funcionario fue “directo y manifiesto”.
Aunque se comprobó que las sumas recibidas superaron los $15 millones, la condena se ajustó a los hechos formalmente establecidos por la Fiscalía para respetar el principio de congruencia.
