Informe revela que la pobreza en Chile en 2022 alcanzaría el 22,3% con nueva metodología

Un reciente informe de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza reveló que la tasa de pobreza en Chile para 2022 sería del 22,3%, si se aplicara una nueva metodología más estricta, en contraste con el 6,5% reportado por la encuesta Casen ese mismo año.

La revisión también ajusta las cifras históricas, estimando que la pobreza fue de 24,2% en 2017 y 32,2% en 2020. Estas conclusiones se basan en un enfoque multidimensional que incluye dimensiones como educación, salud, trabajo, vivienda, redes sociales y vulnerabilidad, además de actualizar el análisis de la canasta básica de alimentos.

El informe cuestiona el actual criterio calórico que define la línea de pobreza, señalando que en Chile el problema no es la falta de calorías, sino el exceso asociado a alimentos de baja calidad nutricional. Según la Comisión, este enfoque “pierde validez para países de ingreso medio-alto como Chile”.

Otro punto crítico es la subestimación del costo de la vivienda, especialmente en el uso del alquiler imputado, que no refleja adecuadamente el gasto real de los hogares, lo que distorsiona las estadísticas de pobreza. En 2022, 24 mil hogares no fueron clasificados como pobres pese a no tener ingresos monetarios, debido a este criterio.

El estudio también advierte que los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 9, usada en las estimaciones de 2022, fueron afectados por una sobreestimación del ingreso debido a los retiros de pensiones y ayudas estatales, y recomienda usar la EPF 8 ajustada por inflación para establecer la nueva línea de pobreza.

Entre sus recomendaciones, la Comisión sugiere adoptar el concepto de “alimentación saludable” en lugar del modelo calórico, eliminar el alquiler imputado del cálculo de ingresos y establecer dos líneas de pobreza: una para hogares que pagan arriendo y otra para quienes no lo hacen. También se propone ajustar los valores del arriendo según su propia evolución, no mediante el IPC general.

La Comisión funcionó entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, y sus propuestas podrían redefinir el umbral oficial de pobreza en el país, con implicancias relevantes para la política social y la focalización del gasto público.