Un nuevo informe de la Contraloría General de la República reveló este jueves una serie de graves irregularidades en el manejo financiero del Estado, luego de analizar 792 acciones de fiscalización entre abril de 2024 y marzo de 2025. El reporte, de 233 páginas, advierte sobre observaciones por un total de $1.505.707 millones, que reflejan una estructura de control frágil, rendiciones sin respaldo y operaciones fuera de norma.

De acuerdo con el documento, muchas de las fallas detectadas corresponden a ejercicios anteriores, especialmente 2023. Entre las más relevantes figuran errores contables por más de $359 mil millones, anomalías contractuales por $328 mil millones, y deficiencias en las rendiciones de cuentas por $316 mil millones.

En paralelo, se identificaron $252 mil millones sin respaldo contable por conciliaciones inexistentes y cuentas bancarias no registradas oficialmente. La situación más crítica se dio en el área contractual, donde la Contraloría observó modificaciones sin justificación, ampliaciones arbitrarias de plazos y ausencia de garantías, además de fraccionamientos de compras y contrataciones directas sin sustento legal.

El sistema de rendición de cuentas tampoco escapa a las alertas. Se detectaron fondos transferidos sin rendiciones previas, documentos inconsistentes e incluso expedientes archivados sin revisión. A esto se suma el hallazgo de pagos improcedentes por más de $57 mil millones, entre ellos a personas no habilitadas o por servicios no ejecutados.

Otro foco del informe fue la falta de acción tras las observaciones. En muchos casos, las entidades ni siquiera iniciaron procesos judiciales o disciplinarios. Algunos montos ni fueron registrados como deuda, lo que impide su recuperación.

Finalmente, el informe subraya una gestión ineficiente en la recuperación de ingresos, con más de $81 mil millones no percibidos debido a fallas en las cobranzas, errores de cálculo y omisión de acciones contra deudores.

La Contraloría reiteró que esta situación no es nueva ni puntual, y que urge una reforma profunda en los sistemas de control y fiscalización del aparato estatal.