En completo silencio, Gendarmería de Chile declaró inadmisible la compra de 20 pistolas electrónicas de inmovilización temporal, conocidas como taser, destinadas a reforzar la seguridad en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). La medida se adoptó tras concluir que ninguna de las dos empresas postulantes cumplía con los estándares técnicos exigidos. El proceso involucraba más de $200 millones de gasto fiscal y fue anunciado con bombos y platillos en 2024 por el Gobierno Regional y el Ministerio de Justicia.

Según un reportaje de 24 horas, la decisión quedó registrada en una resolución oficial del servicio penitenciario. De acuerdo con los documentos revisados por Informe Especial, la licitación pública fue desestimada por deficiencias técnicas de las propuestas presentadas por las firmas Tecnologías Sociales Limitadas (Smart Partners) y Sociedad Millenium.

El punto crítico: ninguna logró el alcance mínimo exigido de los cables que inmovilizan a una persona, que debía ser superior a 13 metros. Sin este requisito, el uso del arma queda comprometido en situaciones reales de riesgo.

Esto representa un serio traspié para un plan de modernización que el propio gobernador de Santiago, Claudio Orrego, había impulsado con fuerza. En su momento, defendió la medida con una frase que hoy resuena con ironía:

“Si queremos ganarle al crimen organizado en las calles, tenemos que partir por dominar lo que pasa en las cárceles”.

El convenio entre Gendarmería y el Gobierno Regional fue firmado en febrero de este año y aprobado oficialmente el 19 de marzo. Según la planificación inicial, las pistolas taser estarían en operación durante el primer trimestre de 2025.

Pero nada de eso ocurrió.

Además del arma, el equipamiento anunciado incluía 20 cámaras corporales, software de grabación de respaldo, plan de conectividad en línea y alertas automáticas. Un paquete completo pensado para intervenir situaciones de alta tensión con evidencia y trazabilidad.
Sin embargo, todo quedó en pausa.