El Presidente Gabriel Boric entregó su versión sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende mediante una carta dirigida a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados.

En el documento, el mandatario aseguró que no tuvo conocimiento sobre “potenciales inhabilidades constitucionales” que afectaran la operación y defendió que su rol se limitó a la autorización inicial.

El jefe de Estado fundamentó su postura recordando que la Constitución lo exime de comparecer personalmente ante comisiones investigadoras. No obstante, optó por complementar lo declarado por otros funcionarios mediante el escrito.

Boric detalló que su participación concreta se redujo a dos actos: tomar la decisión política inicial de adquirir el inmueble y firmar el decreto respectivo, el cual fue sometido al control de legalidad de la Contraloría General de la República.

“Dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso fue acotado”, insistió en la misiva.

Asimismo, recordó sobre las consecuencias políticas del caso, indicando que esto costó la renuncia de Marcela Sandoval como ministra de Bienes Nacionales, cartera encargada de ejecutar la operación. En este sentido, catalogó este hecho como la asunción de responsabilidad política correspondiente.

Paralelamente, confirmó que existe un sumario administrativo en curso para determinar otras posibles responsabilidades y que se ordenó crear un protocolo de adquisiciones para evitar futuros inconvenientes.

El mandatario reafirmó su convicción de que tanto la casa Allende como la del expresidente Patricio Aylwin deben convertirse en patrimonio público, pese al fracaso de esta operación particular.