La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por el caso de defraudación al Estado en obras viales, dejando firme además su inhabilitación política perpetua y agotando todas sus opciones legales de apelación.

El fallo ratifica la sentencia dictada en diciembre de 2022 por la jueza María Eugenia Capuchetti, que encontró a Fernández culpable de dirigir una asociación ilícita que manipuló licitaciones de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, con perjuicios al Estado estimados en USD 1.000 millones.

Como mujer mayor de 70 años, la exmandataria podrá solicitar el arresto domiciliario para cumplir su condena, según lo establece la legislación penal argentina. Sin embargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es efectiva inmediatamente, lo que le impide presentarse como candidata en futuras elecciones.

Mientras el oficialismo celebra el fallo como un triunfo de la justicia independiente, el entorno de Fernández anuncia que recurrirá a instancias internacionales, manteniendo su denuncia de “lawfare” o persecución política judicializada.