Diputadas Republicanas denuncian que Fundación Allende recibió casona fiscal a cambio de obras de arte

Un antiguo acuerdo entre el Serviu y la Fundación Salvador Allende, en el que se entregaron 93 obras de arte para saldar una deuda por la casona que actualmente ocupa la institución, generó un fuerte rechazo en la oposición. Aunque el convenio fue firmado en 2017 como una dación en pago, hoy se enfrenta a duras críticas por parte de parlamentarias como Chiara Barchiesi (Republicanos) y Paula Labra (RN), quienes ven en esta operación una “venta simulada” de un inmueble fiscal con supuestos tintes de privilegio político.

La polémica volvió al debate público luego de que la diputada Chiara Barchiesi presentara un requerimiento formal ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se revise y anule el acuerdo. “Es una maniobra inaceptable. Se entregó un bien del Estado por una suma irrisoria, con obras que nunca salieron del poder de la propia fundación”, señaló, acusando simulación, abuso y falta de aporte cultural.

A estas críticas se sumó la diputada Paula Labra, quien forma parte de la Comisión Investigadora sobre la fundación. Según dijo, la institución “se ha enriquecido a costa del Estado” y sostuvo que el acuerdo fue en realidad un “pago fantasma”: “Detrás de esto hay un intento de hacer un millonario negocio con la inconstitucional compra de la casa de Salvador Allende”, afirmó.

El convenio original se firmó en 2017 bajo la figura legal de dación en pago, un mecanismo que permite entregar bienes como forma de cancelar una deuda. En este caso, el bien fue la colección artística que, hasta hoy, no ha sido trasladada físicamente, según reconoció el propio Serviu, que atribuye el retraso a la falta de un espacio adecuado para conservar las piezas.

Desde el oficialismo, sin embargo, la mirada es distinta. El senador Tomás de Rementería (PS) defendió el acuerdo y acusó que la ofensiva parlamentaria es una “persecución” contra la Fundación. “Se trata de patrimonio valorado que el Estado adquiere para su resguardo. Las citaciones y oficios ya tienen ribetes de persecución política”, dijo, apuntando a un intento de atacar “a la familia Allende y al legado del Presidente Salvador Allende”.

Esto se suma a la decisión de la Comisión Investigadora de citar a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, con el fin de esclarecer el uso y gestión de los recursos públicos destinados a la fundación.