A más de dos meses del trágico choque entre el buque industrial Cobra, de la empresa Blumar, y la lancha artesanal Bruma, persisten el dolor y la incertidumbre. Los siete tripulantes de la Bruma siguen desaparecidos, y ahora los familiares de las víctimas apuntan a una serie de irregularidades en la investigación, incluyendo posibles encubrimientos y vínculos comprometedores entre autoridades y el sector privado.

Claudia Urrutia, vocera de los afectados y presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule, denunció públicamente que el proceso investigativo estaría viciado por conflictos de interés.

“Nos advirtieron que Blumar financió campañas políticas y que almirantes terminan trabajando en esa empresa”, declaró en entrevista con La Prensa de Curicó, en alusión a una supuesta connivencia institucional.

Las críticas no se limitan a la empresa. Urrutia también arremetió contra el Ministerio Público, afirmando que la fiscal del caso, Silvia Cartagena, tendría lazos personales con el abogado defensor de Blumar, Alejandro Espinoza. “La Fiscalía no está cumpliendo con su deber”, sentenció.

La vocera sostuvo que la lancha Bruma operaba dentro del área legal de pesca artesanal, es decir, a menos de cinco millas de la costa, cuando fue impactada. El rastro de la embarcación desapareció la madrugada del 30 de marzo, pese a estar equipada con antena Starlink, lo que levantó alertas inmediatas.

“A las 04:30 horas del 03 de abril accedí al sistema del Servicio Nacional de Pesca… El único barco que coincidía en tiempo, dirección y velocidad con la posición de la Bruma era el Cobra”, afirmó Urrutia, quien ha seguido de cerca los registros oficiales.

Los familiares acusan ahora retrasos injustificados en las pericias, entre ellas el peritaje del radar y los registros de navegación. También cuestionan la línea de defensa de Blumar, que apuntaría a responsabilizar a la tripulación de la Bruma por el accidente.

“Tenemos las pruebas para decir que se cumplió absolutamente con toda la normativa vigente”, aseguró la dirigente, exigiendo justicia y transparencia.

Esto se suma a una creciente desconfianza hacia la institucionalidad, especialmente en regiones donde la gran pesca industrial y el mundo artesanal conviven en constante tensión. Organizaciones sociales han comenzado a movilizarse para exigir una investigación independiente, mientras que se espera que la Fiscalía entregue avances concretos en las próximas semanas.