El Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmaron este miércoles que es obligatorio presentar receta médica para adquirir anticonceptivos, ya sean orales, inyectables o en cualquier otro formato. La aclaración se da tras una ola de denuncias en redes sociales de mujeres que han tenido dificultades para acceder a estos medicamentos en farmacias.

Aunque en la práctica muchas veces los vendedores no pedían receta, la normativa sanitaria vigente en Chile siempre la ha exigido, y debe ser emitida por un médico o una matrona.

Verónica Vergara, jefa de la sección Fármaco Cosmetovigilancia del ISP, explicó que los anticonceptivos “no son de venta libre”, salvo los de emergencia. “La píldora del día después sí puede obtenerse sin receta, pero el resto requiere prescripción”, detalló. Añadió que esto se aplica también en países como Estados Unidos, Reino Unido y España.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reconoció que muchas veces no se cumplía con la exigencia, lo que generó confusión. “No queremos que la receta sea una barrera, dado que es un medicamento de uso continuo”, aseguró. Por eso, impulsará una medida para que estas recetas tengan una duración prolongada, aunque el profesional de salud no indique explícitamente un año.

Esto busca dar más autonomía a las usuarias, sin poner en riesgo su salud. Aguilera enfatizó que los anticonceptivos tienen efectos sobre el cuerpo y deben ser usados con orientación médica.

Por su parte, Macarena Filún, asesora farmacéutica del Centro de Salud Sexual y Reproductiva APROFA, explicó que la receta no es retenida, por lo que puede presentarse de forma física, electrónica o incluso por correo.

Filún subrayó que cumplir con esta exigencia podría ayudar a mejorar la trazabilidad. “Lo que ha pasado con las fallas en los anticonceptivos demuestra que es la usuaria quien debe descubrir si hay un problema. Si existiera un sistema con receta, lote y nombre, eso sería mucho más fácil de rastrear”, explicó.

La noticia reabre el debate sobre cómo garantizar el acceso a medicamentos esenciales sin poner en riesgo la salud de las personas, y si el sistema actual responde realmente a la vida cotidiana de las mujeres que usan anticonceptivos.