miércoles 4 junio de 2025 | Publicado a las 8:36 pm · Actualizado a las 8:36 pm
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Contraloría inicia sumarios contra seis gobiernos regionales por irregularidades en uso de fondos públicos
Entre las irregularidades destacan contrataciones directas sin justificación, mal uso de redes institucionales y gastos improcedentes.
La Contraloría General de la República inició procesos sumarios contra seis gobiernos regionales por graves irregularidades en el uso de fondos públicos durante 2024.
Los casos más graves corresponden a las regiones Metropolitana y Antofagasta, donde se detectaron contrataciones directas sin licitación y falta de rendición de cuentas por más de $4.200 millones respectivamente.
En el Gobierno Regional Metropolitano, la Contraloría verificó el pago de $31.366.179 por servicios de asesoría que terminaron siendo utilizados para temas de campaña política del gobernador Claudio Orrego. Además, se identificaron contrataciones directas por $51.753.665 sin cumplir los requisitos legales y un convenio con la empresa AJEM por $109.302.180 donde no se acreditó la idoneidad del proveedor.
En Tarapacá, el ente fiscalizador detectó gastos improcedentes por $7.781.253 en contratos a honorarios y el uso indebido de redes institucionales para promocionar candidatos durante el periodo electoral. Mientras en Antofagasta, las irregularidades superan los $4.856 millones, incluyendo falta de rendición de fondos desde 2021 y problemas en el uso de vehículos fiscales.
La situación en La Araucanía destaca por la contratación directa de $49.980.000 a una empresa para evaluar la imagen pública del entonces gobernador Luciano Rivas.
En Los Ríos hay más de $8.651 millones sin rendir desde 2015. Asimismo, se indicó de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas.
Finalmente, en Magallanes se comprobó el uso de recursos públicos para promocionar la imagen del gobernador Jorge Flies y se constataron irregularidades en 25 informes de actividades de profesionales contratados a honorarios. Una de ellas es que no se especifica el detalle de las tareas realizadas.
Los gobernadores afectados tendrán 10 días hábiles para presentar sus descargos. La Contraloría podría aplicar multas e incluso derivar los casos al Ministerio Público si detecta indicios de delitos.
