El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el diputado Joaquín Lavín León por su presunta responsabilidad en un delito de malversación de caudales públicos. La acción judicial fue ingresada este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

La querella, patrocinada por el abogado Marcelo Chandía Peña, también apunta al círculo cercano del parlamentario, compuesto por sus asesores Arnaldo Domínguez Vallejos, Felipe Vásquez Diéguez y Juan Alberto Silva Morales. Todos figuran como imputados en la causa que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.

El caso se centra en la presentación de facturas ideológicamente falsas que habrían sido utilizadas para justificar gastos ante el Congreso, permitiendo al legislador acceder a recursos públicos por servicios que nunca se prestaron.

A fines de octubre, en el marco de esta indagatoria, la fiscalía ordenó allanamientos al domicilio de Lavín y a sus oficinas del Congreso y el distrito, incautando su celular, computadores y documentos clave.

La investigación avanza bajo los posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, según informaron fuentes judiciales. De comprobarse los hechos, podrían implicar no solo sanciones penales, sino también la inhabilitación del diputado para ejercer cargos públicos.

Esto se suma a una creciente ola de investigaciones que han salpicado al Congreso en los últimos años, generando una profunda desconfianza ciudadana hacia el uso de fondos públicos y la ética parlamentaria.