jueves 22 mayo de 2025 | Publicado a las 2:48 pm · Actualizado a las 2:49 pm
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Fiscalía Nacional abre investigación penal por licencias médicas fraudulentas y viajes al extranjero en el sector público
Más de 25 mil funcionarios habrían salido del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024.
Un nuevo escándalo golpea al aparato público. Tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero estando con licencia médica, la Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación penal para determinar posibles delitos de fraude al fisco y emisión de permisos falsos por parte de trabajadores y médicos.
De acuerdo con lo publicado por La Tercera, el caso fue derivado a la Fiscalía Oriente, que ya mantiene abierta una causa por licencias médicas fraudulentas, debido a la magnitud del fenómeno detectado y la necesidad de un análisis especializado.
El objetivo de la Fiscalía es identificar responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de médicos, por su posible implicancia en fraudes o falsificación de documentos.
35 mil licencias bajo sospecha y 13 instituciones involucradas
El informe de la Contraloría revela que entre 2023 y 2024 se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales el 69% fueron otorgadas por Fonasa y el 31% por Isapres.
Además, 13 instituciones públicas concentran el 25% de las licencias bajo sospecha, siendo la más involucrada la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 autorizaciones médicas presuntamente irregulares.
Uno de los casos más insólitos mencionados por el organismo fiscalizador es el de un funcionario del área de la salud que se autorizó licencia médica a sí mismo y viajó durante el período de reposo.
Durante la mañana de este jueves, la bancada de diputados de Renovación Nacional formalizó una denuncia ante la Fiscalía Nacional, exigiendo que se investigue tanto la obtención como la entrega indebida de licencias médicas y posibles fraudes de subvenciones.
Propusieron al fiscal nacional, Ángel Valencia, “requerir a la Contraloría el conjunto de antecedentes e información sobre el informe, requerir a Fonasa y a las Isapre el detalle de las licencias pagadas, y tomar declaraciones a un listado de funcionarios, entre ellos a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji y a la presidenta de la Fundación Integra”.
