El gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles una profunda reforma al sistema migratorio argentino mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entrará en vigencia en los próximos días.

El vocero presidencial Manuel Adorni detalló en conferencia de prensa desde la Casa Rosada tres ejes centrales del paquete de medidas: restricciones a la residencia, fin de la gratuidad sanitaria para no residentes y posibilidad de aranceles para estudiantes extranjeros.

“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios”, afirmó Adorni, señalando que el nuevo enfoque busca proteger a los ciudadanos argentinos de “malandros, ocupas y oportunistas”.

Las reformas retoman políticas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero con medidas aún más restrictivas.

Nuevas reglas para expulsiones y controles fronterizos

El paquete migratorio amplía las causales para negar el ingreso o expulsar a extranjeros, incluyendo:

  • Comisión de cualquier delito en flagrancia

  • Uso de documentación falsa

  • Violencia al sistema democrático

“Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito será expulsado y se le prohibirá su reingreso”, enfatizó Adorni.

Las modificaciones otorgarán mayores herramientas legales a las autoridades para agilizar estos procesos, alineándose con el discurso de “mano dura” característico de la gestión Bullrich.

Salud y educación: el fin de la gratuidad para no residentes

En el ámbito sanitario, se eliminará la atención médica gratuita para extranjeros sin residencia permanente. El vocero citó el caso de Salta, donde una medida similar redujo un 95% las atenciones a migrantes, generando un ahorro estimado en 60 millones de pesos (USD 53,300). “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, declaró.

Para educación superior, las universidades nacionales podrán implementar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.

Adorni destacó que “uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, argumentando que la medida ayudará a financiar el sistema educativo. Cada institución decidirá los montos al ser entes autárquicos.