La Policía de Investigaciones (PDI) enfrenta un nuevo escándalo interno luego de que dos de sus funcionarios fueran detenidos por infracción a la Ley de Armas, en el marco de una investigación por su presunta relación con uno de los responsables del millonario robo a una sucursal de la empresa Brinks en Rancagua.

La situación se originó tras una denuncia presentada por la misma PDI ante la Fiscalía Regional de O’Higgins, lo que derivó en un procedimiento a cargo de Carabineros, quienes registraron los domicilios y lugares de trabajo de tres detectives.

En los inmuebles de dos de ellos se hallaron cerca de 100 balas, lo que constituyó una infracción flagrante a la Ley de Control de Armas, que impide a los funcionarios policiales almacenar munición fuera de los cargadores reglamentarios.

“Se trata de una infracción grave a la normativa vigente. La posesión de munición sin autorización fuera del contexto operativo vulnera la ley y los protocolos institucionales”, indicaron fuentes del Ministerio Público.

A pesar de que no se les imputa participación directa en el atraco, la investigación apunta a que los detectives tendrían vínculos personales con uno de los imputados por el robo, lo que ha levantado serias dudas sobre posibles redes de protección o filtración de información.

Según reportó Radio Biobío, ninguno de los tres funcionarios ha sido dado de baja, debido a la falta de pruebas suficientes, aunque la PDI ya inició un sumario administrativo para determinar su responsabilidad institucional.

El caso toma mayor gravedad si se considera que, en el mismo proceso judicial, ya fueron detenidos cinco exfuncionarios de Carabineros, a quienes se acusa de facilitar información clave para el asalto y coordinar la huida de los delincuentes. No habrían participado directamente en el ingreso a la empresa de valores, pero sí habrían cumplido un rol logístico fundamental en la operación delictual.

La Fiscalía de O’Higgins continúa avanzando en esta investigación que involucra a miembros de ambas policías, y que ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control interno y la integridad de ciertos funcionarios públicos.