La crisis desatada por la compra del inmueble de Guardia Vieja y la posterior destitución de la senadora Isabel Allende continúa impactando al interior de La Moneda. Este jueves, presentaron su renuncia Bernardita Nazar y Leonardo Moreno, ambos asesores con vínculos directos en el manejo del proceso.

Según antecedentes recogidos por medios como radio Biobío, Nazar —abogada del Segundo Piso— y Moreno —jefe del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales— habrían estado al tanto del artículo 60 de la Constitución, el cual impide a parlamentarios adquirir bienes del Estado, información que fue clave para el fallo del Tribunal Constitucional que sancionó a Allende.

Estas dimisiones se suman a la creciente presión sobre Francisca Moya, actual jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, quien también habría tenido conocimiento de la inhabilidad, pero no advirtió formalmente a las autoridades implicadas.

Moya, militante del Frente Amplio, ha sido objeto de críticas tanto por su actuar en el caso como por el respaldo del Gobierno, lo que ha levantado sospechas de posibles favoritismos dentro del oficialismo.

Su relación cercana con el Presidente Gabriel Boric ha sido ampliamente comentada en el entorno político y mediático. En una publicación de 2019, el propio Mandatario se refirió a ella como una de las personas “más importantes” en su vida.

“Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento”, escribió entonces Boric.

Hasta ahora, Moya permanece en su cargo, mientras en el oficialismo se intensifican los intentos por contener los costos políticos de la destitución y del actuar de los asesores involucrados.