Los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Henry Leal, Juan Antonio Coloma, Fernando Bórquez y Sergio Bobadilla -quienes solicitaron la investigación al órgano contralor- apuntaron al actual subsecretario del Interior como “responsable” de todas las irregularidades halladas.

Los diputados de la Bancada UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Henry Leal, Juan Antonio Coloma, Fernando Bórquez y Sergio Bobadilla, anunciaron que solicitarán a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja poder realizar una sesión especial durante la próxima semana a fin de analizar el último informe de la Contraloría General de la República respecto a la implementación y el funcionamiento del sistema de inhibidores de señales telefónicas al interior de las cárceles, luego que se detectaran una serie de irregularidades que, incluso, derivaron en que se ordenara un sumario administrativo en Gendarmería y el inicio de un examen de cuentas al servicio contratado.

Al respecto, cabe recordar que fue en mayo del año pasado cuando los parlamentarios gremialistas, tras una serie de denuncias que recibieron, solicitaron al organismo poder iniciar una investigación, sobre todo considerando el servicio por más de $5.650 millones que estaba contratando el Gobierno.

Lo anterior derivó, incluso, en que el entonces ministro de Justicia y actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, calificara la implementación del sistema como “exitoso”, acusando a los diputados UDI de estar “muy mal informados” y que la denuncia ingresada al órgano contralor “no tiene fuente”.

Sin embargo, luego que se diera a conocer el informe final de la Contraloría, donde se detectó que sólo 10 de los 79 establecimientos penitenciarios que existen en Chile cuentan con el sistema de inhibidores y que en distintos días y horarios el servicio no funcionó como correspondía, además de revelar que los internos de igual manera pueden conectarse a las señales de wifi que se encuentren alrededor, entre otras falencias, los parlamentarios decidieron solicitar dicha sesión especial y citar a ella al ex ministro Cordero, como también al director de Gendarmería y al organismo contralor, de tal manera de que puedan dar cuenta de lo revelado en el informe y las acciones que se adoptarán.

“El entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, nos acusó de mentirosos, de estar desinformando a la ciudadanía e, incluso, deslizó que teníamos la intención de que este sistema no funcionara en las cárceles. Sin embargo, la Contraloría confirmó cada una de las denuncias que hicimos, entre ellas que el servicio no operaba todos los días de la semana ni mucho menos las 24 horas, o que los reos seguían con la posibilidad de conectarse a las señales de wifi. En vez de actuar de manera propositiva y haber solucionado las distintas fallas que advertimos, el ex ministro de Justicia prefirió mantener su actitud altanera y perder un año de trabajo en esta materia”, criticaron los diputados Fuenzalida, Leal, Coloma, Bórquez y Bobadilla, quienes agregaron que “quizás cuántos delitos se siguieron cometiendo durante este tiempo desde las cárceles por no querer atender a tiempo las denuncias”.

Pero además, los parlamentarios de la UDI también adelantaron que invitarán a la sesión especial al Ministerio Público, considerando que la propia Contraloría determinó enviar el informe a la Fiscalía por los eventuales delitos que podríanexistir, sobre todo por los millonarios recursos que se gastaron.

En ese sentido, los diputados Fuenzalida, Leal, Coloma, Bórquez y Bobadilla aseguraron que “el hecho de que la Contraloría haya ordenado sumarios, el inicio de un juicio de cuentas y derivara todos los antecedentes a la Fiscalía, requieren de una explicación sensata por parte del ex ministro”.

“Tal como lo vimos con el fallido plan ‘Gas a Precio Justo’”, pareciera que este Gobierno va a ser recordado por despilfarrar la mayor cantidad de recursos públicos en la historia del país, por no saber invertirlos de manera correcta y responsable. Como bancada le advertimos en innumerables ocasiones al Ministerio de Justicia que estábamos absolutamente de acuerdo en inhibir las señales al interior de las cárceles, pero que la implementación de este sistema debía hacerse de manera seria y adecuada. Sin embargo, el entonces ministro Cordero ignoró nuestras advertencias y hoy, al igual que la Contraloría, le vamos a exigir que se haga responsable por su accionar”, manifestaron.