El Tribunal Constitucional (TC) notificó este jueves a la ministra de Defensa, Maya Fernández, que tiene 10 días para responder a un requerimiento que cuestiona su continuidad en el cargo. La solicitud está relacionada con la transacción de un inmueble familiar en Providencia, que generó controversia y posibles implicancias legales, entre ellas, un eventual fraude al fisco.

El caso comenzó a generar atención el 8 de enero de 2025, cuando Maya Fernández defendió públicamente su postura, asegurando que no recibió ningún pago por la venta del inmueble que perteneció a su abuelo, pero lamentó la mala gestión del proceso. La operación de venta, realizada en diciembre, consistió en la venta de la residencia por un monto cercano a los 933 millones de pesos.

El 25 de febrero, los abogados Raimundo Palamara y John Reid presentaron un recurso que fue admitido por el Tribunal Constitucional, donde argumentan la inhabilidad de la ministra para continuar en su cargo, citando la normativa sobre contratos con la Administración Pública que superen un monto determinado.

El documento, que consta de 20 páginas, solicita que la ministra Fernández rinda declaración en relación con la transacción, lo que marca el inicio de un proceso judicial que podría derivar en la cesación de su cargo si se comprueba alguna irregularidad.