La Contraloría General de la República detectó que el 70% de las municipalidades de Chile entregaron licencias de conducir a personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, a pesar de que, según la Ley Papito Corazón, no deberían poder acceder a este documento. La irregularidad afecta a 4.706 niños y niñas que no reciben su pensión de alimentos.

El informe de la Contraloría señala que 243 de las 345 municipalidades del país otorgaron un total de 3.432 licencias de conducir a personas que son parte del Registro Nacional de Deudores. Esto representa un monto total de 17.473 millones de pesos de deuda, según la entidad fiscalizadora. En la Región Metropolitana, el 94% de las comunas incurrió en esta irregularidad, con municipios como Antofagasta, La Granja, y Lo Espejo liderando la entrega de licencias.

De acuerdo con la ley vigente, los funcionarios municipales tienen la responsabilidad de verificar si los solicitantes están inscritos en el Registro Nacional de Deudores antes de otorgarles una licencia de conducir. En caso de que la persona figure en dicha lista, el funcionario debe negar la solicitud. Sin embargo, este protocolo no se cumplió en gran parte de las comunas chilenas, lo que ha provocado la entrega ilegal de estos documentos.

Impacto en los niños: Esta situación afecta directamente a 4.706 menores, quienes, debido a la deuda de pensión alimenticia, se ven perjudicados en su bienestar económico y social. La Contraloría reiteró la necesidad de mejorar los procesos de control y verificación para evitar que esta vulneración de derechos continúe ocurriendo.