El Ministerio de Bienes Nacionales, liderado en ese entonces por Marcela Sandoval, advirtió a Presidencia sobre las «consecuencias políticas» de comprar la casa del expresidente Salvador Allende, debido al vínculo familiar de la ministra de Defensa, Maya Fernández, con el fallecido mandatario. Pese a las advertencias, el Gobierno de Gabriel Boric impulsó la compra, lo que derivó en una crisis política.

El Gobierno buscaba convertir las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende en museos. Sin embargo, la adquisición de la casa de Allende no se concretó debido a la prohibición legal de que ministros celebren contratos con el Estado, lo que afectaba a Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble.

Advertencias desoídas: La exministra Sandoval alertó al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno, sobre las posibles repercusiones comunicacionales y legales. A pesar de estas advertencias, Presidencia decidió proceder, lo que finalmente escaló en una crisis al ser denunciado por parlamentarios de oposición.

En junio de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales fue instruido para ejecutar la compra, culminando en diciembre con la firma del contrato de compraventa. Sin embargo, la polémica se desató cuando la oposición acusó inconstitucionalidad en la transacción y el Presidente Boric solicitó la renuncia de Marcela Sandoval, asumiendo «responsabilidades políticas».

Repercusiones: El Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la ministra Fernández y denunció a Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional. La oposición también exige la dimisión de ambas figuras políticas, intensificando la tensión en el Gobierno.