La senadora Isabel Allende fue citada el 23 de enero por la Fiscalía como parte de la investigación sobre la fallida venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Ante esta situación, Allende decidió ejercer su derecho a guardar silencio, una decisión que fue respaldada por su abogada, Paula Vial.

La abogada de la senadora, Paula Vial, emitió un comunicado en el que explicó que Isabel Allende no realizará declaraciones hasta tener acceso completo a los antecedentes de la investigación. Según Vial, «la senadora ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y declarará cuando lo consideremos oportuno». La abogada también destacó que Allende ha reiterado su disposición a colaborar con las instituciones y que toda su actuación se ha dado dentro del marco de la buena fe.

Esta decisión sigue la misma línea que la tomada por su sobrina, la ministra de Defensa Maya Fernández, quien también se acogió al derecho de guardar silencio cuando fue citada por el Ministerio Público. Además, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los requerimientos de destitución presentados por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano contra la senadora, basándose en el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios y ministros realizar contratos con el Estado.