Martes 21 enero de 2025 | Publicado a las 9:24 am · Actualizado a las 9:24 am
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EN EL EPICENTRO
Reforma previsional avanza con nuevo Seguro Social
La Comisión de Trabajo despachó el proyecto a la Comisión de Hacienda, mientras el Gobierno evalúa medidas para agilizar su tramitación.
El Gobierno celebró este lunes la aprobación unánime de la fórmula para distribuir el 8,5% de cotización adicional con cargo al empleador, un paso clave en la reforma previsional que ha estado en discusión por años. De este porcentaje, el 4,5% irá a la cuenta individual del trabajador y el 1,5% se destinará al nuevo Seguro Social como un “préstamo solidario”.
La Comisión de Trabajo del Senado finalizó la votación del proyecto, enviándolo a la Comisión de Hacienda, que lo analizará entre martes y miércoles. Uno de los puntos más destacados es la creación del préstamo solidario y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, declaró que el avance logrado es fundamental para destrabar la reforma previsional: «Hoy hemos dado un paso fundamental para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país», destacando el acuerdo político alcanzado.
El Seguro Social establecerá que los trabajadores activos aporten 1,5% de su sueldo al Estado para financiar las pensiones de los jubilados actuales. Para acceder al beneficio, las mujeres deberán contar con 10 años de cotizaciones y los hombres con 20 años. Por cada año cotizado, se garantizará 0,1 UF, reconociendo el esfuerzo de cada trabajador.
Uno de los puntos clave del acuerdo es que este aporte será reembolsado mediante un bono de reconocimiento, el cual será devuelto con intereses al trabajador al jubilarse. Este bono contará con una garantía estatal, será heredable y estará protegido por un ente autónomo, similar al Banco Central, para evitar su uso por parte de gobiernos de turno.
A pesar de estos avances, el camino legislativo enfrenta obstáculos. El Partido Republicano bloqueó la unanimidad necesaria para sesionar la próxima semana, lo que complica los plazos antes del receso parlamentario. Frente a esto, el Gobierno evalúa recurrir a su facultad presidencial para obligar al Congreso a debatir la reforma.