Son 122 las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Ley Naín-Retamal.

Bajo esa línea, una de las indicaciones es clave.

Se trata de la legítima defensa con la que contarían las policías, para de esta manera “legislar de manera prudente, selectiva y acotada”.

“La objeción del Ejecutivo no se refiere a la totalidad del proyecto, sino que específicamente a las normas que están vinculadas a legítima defensa privilegiada” explicó  el ministro Cordero.

“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, precisó el titular de Justicia.

Luego de ser rechazada esta indicación, la ministra del Interior Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se retiraron de la Comisión, argumentando que “ya no tenían nada más que hacer”.

“El Ejecutivo va a renovar sus indicaciones mañana en la Sala del Senado, seguir conversando, para seguir persuadiendo por qué la manera en que ha sido presentado en la forma que le da garantías a las policías y a los ciudadanos, pero, además de eso, ha señalado que resulta indispensable la regulación de las reglas del uso de la fuerza”, aseguró el ministro.

Por su parte, la ministra Tohá defendió las principales indicaciones del Gobierno, argumentando que “el que establezcamos una presunción genérica ante cualquier tipo de lesión, en cualquier tipo de circunstancia, incluso con efecto solo lesivo (…) abre una cantidad de riesgos de que el día de mañana realmente Chile sea visto como un país que dio una licencia excesiva a las policías para actuar”.

Tras el rechazo, el Gobierno decidió reingresar las indicaciones.