La Defensoría de la Niñez no descartó presentar acciones legales por la ordenanza de la municipalidad de Zapallar que impone un “toque de queda” nocturno contra los menores de edad durante el verano 2022 – 2023.

Fue este miércoles cuando Gustavo Alessandri, jefe comunal de Zapallar, anunció esta medida entre varias medidas relacionadas con la seguridad.

“Estamos en un momento muy delicado en términos de seguridad y los municipios hemos tenido que entrar a regular temas que antes nunca hubiéramos imaginado, más aún Zapallar, que es una comuna donde la población flotante se cuadruplica durante el verano, por eso, junto al concejo municipal buscamos sancionar a los padres o adultos responsables de menores de edad que transiten solos entre las 23 horas y las 5 de la mañana”, indicó Alessandri.

“Sabemos que es una medida extrema pero muy necesaria, más cuando los adultos no están haciéndose responsables de lo verdaderamente importante, sus hijos, quienes están siendo utilizados en redes de delincuencia y bandas de tráfico de drogas”, acotó el edil.

Al respecto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que “ante el anuncio público de la Municipalidad de Zapallar de instalar o instaurar un ‘toque de queda’ para adolescentes, como Defensoría de la Niñez manifestamos lo que en su momento, a propósito de iniciativas de esta naturaleza de otros alcaldes, dijimos: Ninguna ordenanza municipal puede estar por sobre la Constitución ni la Ley y particularmente en lo que dice relación con la libertad ambulatoria y con derechos consagrados a niños, niñas y adolescentes por la sola condición de personas”.

“Es evidente que una decisión como la que se ha anunciado no puede proceder en nuestro Estado de Derecho, desde la perspectiva de asegurar a niños, niñas y adolescentes, su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de todos aquellos que la Constitución y la Ley les asegura”, agregó Muñoz.

Sobre lo mismo, remarcó que “aquello es particularmente relevante considerando que la decisión se enfoca en un ámbito relacionado con la delincuencia, donde pone un foco estigmatizador en una población específica de manera indebida y vulneratoria de derechos de adolescentes, poniendo un foco contrario a aquello que desde lo público se debe hacer, que tiene que ver más bien con promover y asegurar el ejercicio efectivo de derechos de esta población”.

“Considerando lo anterior, lo primero que hemos resuelto es oficiar directamente al alcalde de dicha municipalidad para determinar con claridad cuál es el contenido de aquella ordenanza que ha anunciado públicamente y conforme a ello, por supuesto, adoptar las decisiones que desde el punto de vista administrativo o judicial, como institución, debamos tener que asumir con la finalidad de evitar que una vulneración a las garantías constitucionales y a los derechos consagrados a nivel internacional como nacional respecto de niñas, niños y adolescentes se pueda producir”, concluyó.