El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha autorizado cerca de 300 pensiones de gracia para víctimas del estallido social.

Según consigna La Tercera, las ayudas reparatorias otorgadas por el gobierno se han acelerado tras los primeros meses de la nueva administración, la cual entregó un mandato de acelerar la aprobación de dichos beneficios y flexibilizaron ciertos criterios.

Así, el ejecutivo durante los últimos tres meses ha autorizado en total 296 ayudas económicas para quienes denunciaron haber sufrido un menoscabo laboral producto de la acción de agentes del Estado durante los meses que duró el estallido iniciado en octubre de 2019.

De acuerdo a cifras del ejecutivo  los montos de otorgamiento para financiar la reparación corresponden a $180.485 y $257.836, dependiendo de la categorización que se haya hecho, en este caso persona con lesiones graves o con lesiones gravísimas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “hemos tenido una especial preocupación en este aspecto. Desde el Departamento de Acción Social hemos mantenido una relación con los representantes de las víctimas para acelerar el proceso de reparación que, a nuestro juicio, no tiene sólo que ver con la entrega de pensiones, que hasta ahora eran de un menor valor, sino que debía ser una preocupación y atención mucho más integral”.

“Precisamente por eso este Gobierno decidió abrir un proceso de reparación integral que lleva adelante la subsecretaría de Derechos Humanos”, agregó.

Por su parte, la directora del INDH, Consuelo Contreras, mencionó que es una “política que no cumple con estándares de integralidad, proporcionalidad y universalidad”..

“Uno de los factores que el INDH considera crítico, es que para la acreditación de las víctimas y para el otorgamiento de las pensiones, la glosa 12 – ahora glosa 15 de 2022 – requiere que la violación a los derechos humanos debe haber generado un menoscabo laboral en las víctimas, lo que en muchos casos no pudo ser demostrado por ellas, perjudicándolas en su acceso a medidas de reparación”, explicó Contreras.

Cabe señalar que hasta antes del 11de marzo de este año, el gobierno anterior clasificaba los casos de personas de acuerdo a cuatro categorías: la primera estaba destinada a personas que hayan sufrido agresiones físicas y se les asignaba 0.3 Ingreso Mensual No Remuneracional (IMM), o sea, $77.350; el segundo estaba enfocado en personas con afectación psicológica y se le asociaba un monto de $128.918 (0.5 IMM); el tercero para personas con lesiones graves, quien debían recibir $180.485 (0.7 IMM); y en cuarto lugar, el tramo destinado a personas con lesiones gravísimas, para quienes se disponían $257.836 (1 IMM).