Durante esta jornada de martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer que declaró admisible una querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución por parte del ejecutivo.

En este sentido, la querella apunta al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), explicando que esta cartera  “puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Cuando se contrató la referida impresión, la Convención Constitucional ya no existía, toda vez que con fecha 04 de julio de 2022 había sido declarada disuelta, por ende no es un gasto para su funcionamiento”.

En esta línea, advierte que los dineros no utilizados debieron “reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades”, añadiendo que estos “no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación. Debían reintegrarse y terminaron gastándose en la impresión de los textos”.

De esta manera, el documento consigna que  el 21 de julio de 2022 cuando se dictó la resolución exenta Nº 664 suscrita por la subsecretaria Macarena Lobos, donde se autorizó “la contratación directa por un monto de $444.615.384” para “impresión y distribución del texto de la propuesta de nueva Constitución” al proveedor Sistemas Gráficos Quilicura S.A., lo que no fue licitado, advirtiendo que este gasto “no se encuentra autorizado por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022″.

“Se gastó dinero en la impresión de estos libros que, por ley, estaba prohibida. Se hizo en un ítem contable de la Convención que ya había caducado”,añade.

Por último en Conversación con La Tercera, Irarrázabal valoró la decisión de tribunales e indicó que “acá ha ocurrido un delito: se malversaron fondos públicos. Habiendo una prohibición expresa de imprimir, se mandó con urgencia y a un proveedor directo. Tres faltas en una…Ahora que la querella fue acogida a trámite, nosotros vamos a insistir y agotar todas las instancias, administrativas y penales, para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos actos de intervención electoral e incorrecta utilización de recursos públicos”, apuntó.

Finalmente, cabe consignar que tras la admisión a trámite la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.