La Corte Suprema recibió los alegatos de las isapres Banmédica, Nueva Masvida, Colmena, Cruz Blanca, Consalud y Vida Tres para solicitar que se anulen los recursos de protección presentados por sus afiliados para evitar las alzas de sus planes de salud.

En este sentido, la acción se da luego que diversas Cortes de Apelaciones a lo largo del país acogieran los recursos presentados por usuarios de estas entidades, situación que a su juicio les ha provocado un perjuicio económico.

De esta manera, argumentaron que para efectuar las alzas en los planos hubo un apego estricto a la ley, esto considerando la ley que permite a las isapres reajustar los precios de los planes hasta un 7,6%

En la audiencia realizada el miércoles en la Corte Suprema, alegó como particular el afiliado Tomás Aravena, quien afirmó que “no queda otra posibilidad que considerar que este ejercicio es excepcional frente a la regla establecida en el Artículo 1.545 del Código Civil”.

Aseguró que “la facultad revisora de la entidad de salud previsional tiene que entenderse condicionada a un cambio efectivo y verificable del valor de las prestaciones médicas, en razón de una alteración sustancial de sus costos”.

A su vez, Eduardo Cordero, abogado de Colmena, respondió diciendo que “la Superintendencia de Salud estableció un indicador de costos de salud de 7,6%, el que de acuerdo a la ley debe entenderse justificado para todos los efectos legales, por lo que no puede existir ilegalidad ni arbitrariedad al ver lo explicado por mi representada”.

“Isapre Colmena cumplió con todos los requisitos de comunicación y publicidad establecidos en la normativa legal y reglamentaria y, en conclusión, es necesario adecuar los precios base de los planes de salud en un 7,6% para dar sustentabilidad a la isapre”, agregó.

Mientras que el abogado de Banmédica, Germán Concha, sostuvo que “se han presentado hasta ahora aproximadamente 63 mil recursos de protección en contra de mi representada. Esta es una estimación, pero representa más o menos 3.300 millones de pesos de ingresos menos durante el segundo semestre”.

“Esto significa que si se acogen los recursos de protección respecto de mi representada, el costo total para ella es de 10.400 millones de pesos aproximadamente, es decir, el por ciento de todos los efectos de las adecuaciones en el segundo semestre”, advirtió el abogado.