La Canciller Antonia Urrejola presentó hoy la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2025. En la instancia, participaron la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; la Embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otras autoridades.

“Esta candidatura tiene como base el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, ejes rectores de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior”, sostuvo la Ministra Antonia Urrejola.

Asimismo, la autoridad destacó que la aspiración de Chile se plantea en un contexto desafiante para la protección de los derechos humanos en el mundo dada la crisis climática, de movilidad humana, la guerra y las consecuencias económicas y sociales producidas por la pandemia del Covid-19. Por este motivo, recalcó que se requiere de liderazgos que promuevan una agenda más robustecida acorde a los principios democráticos.

Derechos humanos, eje central de las relaciones internacionales

La Canciller reiteró que el Gobierno de Chile tiene dentro de sus pilares, promover los derechos humanos como sello distintivo de su política exterior. Ejemplo de ello es el impulso al Acuerdo de Escazú, que actualmente se discute en el Congreso, que es el primer acuerdo internacional que considera la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

“La perspectiva de derechos humanos atraviesa transversalmente a las políticas públicas y a las relaciones internacionales. La conciencia de esa realidad, así como el compromiso profundamente democrático del Gobierno de Chile en este sentido, ha sido manifestado de manera explícita por el Presidente Gabriel Boric como jefe de Estado”, afirmó la Canciller.

En ese sentido, resaltó que en el ámbito multilateral “Chile ha participado activamente en paneles, resoluciones y mecanismos en un amplio espectro de tópicos relativos a derechos humanos, tales como la prevención de la tortura, el derecho a la verdad, justicia y reparación, la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas LGBTIQ y particularmente, su protección contra la violencia y la discriminación, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros”.

“Tenemos la convicción de que el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos, juegan un rol muy concreto y central en la alerta temprana y prevención del deterioro de la situación de derechos humanos en el mundo. Ello es fundamental en el cuidado y la consolidación de nuestra democracia”, complementó la Ministra.

La Secretaria de Estado agregó que “nuestro país, con plena conciencia de su historia pasada y reciente, asumió el compromiso de desplegar todos los esfuerzos para avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura cívico-militar y, además, seguir cooperando con mecanismos de derechos humanos para reforzar el Estado de Derecho, garantizando que ello también ocurra con las víctimas producidas en el contexto de las masivas protestas sociales del 2019”.

Por su parte, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, afirmó que “los derechos humanos son un pilar fundamental de la gestión de nuestro programa de gobierno y de la gestión gubernamental que estamos impulsando en este periodo. Para nosotros y como es de público conocimiento, nuestro gobierno recibe al país después de uno de los contextos más graves de violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia».

Al respecto, indicó que “los acontecimientos acaecidos en Chile, pero también otros desafíos que hemos enfrentado en las últimas décadas, nos han demostrado que la lucha por los derechos humanos no es algo particular a un momento histórico, no se refiere solo a los momentos y a los contextos donde prevalecen regímenes autoritarios, sino que es un desafío permanente de las democracias contemporáneas y que todos los países enfrentamos a diario”.