Ante la Contraloría Regional de Valparaíso, el diputado Andrés Celis Montt presentó una solicitud para que sea revisada la licitación pública por arriendo de cámaras de televigilancia en Viña del Mar.

Esto después de confirmar durante su visita a la Central de Comunicaciones de Carabineros de la Ciudad Jardín, donde verificó que actualmente sólo 4 cámaras se encuentran operativas.

Solicitud que vuelve a surgir tras la visita del parlamentario a la Central de Comunicaciones de Carabineros en la comuna, donde pudo verificar que sólo habían 4 aparatos operativos para resguardar la seguridad de todo Viña del Mar.

Fue en julio de 2021, cuando la alcaldesa Macarena Ripamonti propuso la no renovación al contrato con la empresa Global Link, sosteniendo que mantenían una gestión deficiente e indicando que en menos de 2 meses se encontraría con un sistema de alta tecnología y reconocimiento facial.

La nueva licitación, contó con retrasos, debiendo modificarse cambios en el contrato por errores de fecha y administrativos.

En el mes de septiembre de 2021, se llegó a un trato directo con la empresa INGESMART, en el que se estipulaba el arriendo de 36 cámaras con un costo mensual durante 5 meses de $28 millones y una inversión municipal de $140 millones.

El día previo a la votación del Concejo, el municipio viñamarino recibió ofertas de licitación pública para arrendar 122 cámaras por 36 meses con un costo aproximado de $30 millones mensuales, por lo que ante la gran diferencia de precios, el concejo tomó la determinación de rechazar la primera propuesta.

El 24 de diciembre, fue firmado el acuerdo con INGESMART, con un plazo máximo de 60 días corridos, vencidos el 22 de febrero pasado, para que sean instaladas 122 cámaras de televigilancias, que serán manejadas por personal municipal y de Carabineros.

Al respecto, el diputado Celis sostuvo que “hasta la fecha y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sólo hay 4 cámaras funcionando en toda la comuna de Viña del Mar y deben haber responsables administrativos por esto. Más allá de los evidentes problemas de seguridad que causa esta lentitud en la licitación y ejecución; también existen dudas fundadas sobre vulneraciones a los principios de probidad e igualdad de los oferentes, lo que merece ser analizado y estudiado por la Contraloría de la Región de Valparaíso”.

“La última licitación, que aún no trae frutos para la comuna, podría ser incluso invalidada por la no ejecución en los tiempos establecidos y las falencias en probidad. No es aceptable que funcionarios municipales sostengan conversaciones directas y privadas con una empresa, cuando en paralelo existe un proceso licitatorio”, argumentó el parlamentario.

Finalmente, el representante del distrito 7 sostuvo que “Lamentablemente, los más afectados han sido los ciudadanos tanto de Viña del Mar como los turistas, quienes han visto el aumento en la delincuencia, mientras Carabineros se las arregla como puede para resguardar la seguridad sin cámaras de televigilancia en el centro ni en los cerros de la ciudad”.