La Universidad de la República presentó una querella por el delito de desacato y acusa que el actual administrador del recinto no ha dado cumplimiento a la Orden de No Innovar (ONI) de la Corte Suprema, que paralizó los efectos de la resolución de la Superintendencia de Educación Superior que establecía el cierre del establecimiento. Esta medida, de concretarse, afectaría a más de 3.400 estudiantes, 600 profesores y otros 500 trabajadores.

La presentación legal, realizada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, relata que el 30 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la institución, ante el dictamen que rechazaba el plan de reestructuración.

Ante esta resolución, recuerda el libelo, el 6 de enero de 2022 se presentó un recurso de queja contra los ministros del tribunal de alzada que denegaron el requerimiento -Hernán López y Hernán Crisosto, más el abogado integrante Jorge Benítez-, “como consecuencia de las graves faltas y abusos por ellos cometidos en la dictación de la sentencia definitiva de fecha 30 de diciembre de 2021”.

El siguiente paso vino el 17 de febrero, cuando la universidad presentó ante la Corte Suprema una Orden de No Innovar (ONI), solicitando que se suspendan todos los actos administrativos derivados de la decisión de la superintendencia que cancelaba la personalidad jurídica de la universidad. Entre los argumentos entregados por los abogados Colombara y Díaz, se encontraba el hecho de que el 12 de enero el administrador de cierre, Jaime Torrealba, ingresó al establecimiento con la fuerza policial, sin que un tribunal autorizara esta medida.

De acuerdo a esta petición, “durante el curso del referido proceso judicial, la Superintendencia de Educación Superior ha continuado el procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y de cancelación de la personalidad jurídica de la ULARE, haciéndolo de manera ilegal y abusiva, impidiendo el goce efectivo de los derechos y libertades de nuestra representada”.

Cabe recordar que la respuesta de la Corte Suprema vino el 28 de febrero, cuando accedió a lo solicitado por Colombara y Díaz. No obstante, de acuerdo a lo indicado en la querella, “en los hechos, el administrador de cierre designado, Sr. Jaime Alejandro Torrealba Cubillos, en contravención a la orden de no innovar decretada mediante resolución de fecha 28 de febrero de 2022, continúa ejerciendo las facultades de administración de la ULARE y no ha hecho entrega de las dependencias de dicho plantel a su Rector (Fernando Lagos) o a las autoridades correspondientes, lo que configura el delito de desacato, según se verá a continuación”.

Agregan que “en este sentido, el referido administrador de cierre, apoyado por la Superintendencia de Educación Superior, hizo ingreso a la fuerza a las dependencias de la ULARE, ocasión en la que procedió a cambiar la cerradura de la puerta principal de la Universidad , encontrándose aún en poder de dichas dependencias, las que no han sido restituidas a la fecha. Asimismo, sigue ejerciendo actos de administración de la ULARE, en tanto actualmente se encuentra en posesión de las cuentas bancarias, las que bloqueó, lo que impide de facto la administración por parte de los directivos”.

El rector de la universidad, Fernando Lagos, indicó que “el daño a la comunidad universitaria ha sido inconmensurable. La imprudencia, la actitud intimidante de las autoridades ha generado un gran perjuicio. La falta de empatía y sensibilidad por el derecho a la educación han sido enorme. Pedimos respeto, hemos sido fuertes y responsables”. Lagos agregó que “a nivel financiero, uno de los daños más inmediatos y graves fue el cese de pago de remuneraciones y boletas de honorarios”.

Ciro Colombara, por su lado, señaló que “el administrador provisional Jaime Torrealba ha seguido ejerciendo actos de administración después que la Corte Suprema, de manera unánime mediante una Orden de No Innovar, paralizó cualquier actuación de ese tipo. Por esa razón hemos interpuesto una acción penal en su contra, por desacato, y obviamente habrá acciones civiles para que repare el daño que le ha causado y le sigue causando a la universidad”. Colombara añadió que “confiamos en la decisión final que tomará la Corte Suprema al respecto, tenemos confianza absoluta en que la decisión de la Superintendencia será dejara sin efecto, y todas las acusaciones que se han hecho al voleo carecen de fundamento alguno. Todos los fondos de la universidad han sido utilizados y gastados con fines propios de la universidad. Son acusaciones falsas y desde esa perspectiva, evidentemente el administrador Torrealba tendrá que responder”.

En tanto, Constanza Pacheco, dirigente del Centro de Alumnos de la casa de estudios, relató que “once meses han pasado desde que la SES propusiera el cierre de nuestra universidad, proceso que no permitió siquiera, dar la oportunidad de defender este proyecto educativo que entrega las condiciones necesarias a trabajadores, jefes/as de hogar, de superarse en favor de nuestra calidad de vida y de nuestras familias con la obtención de un título profesional”.

Dijo, además, que “a lo largo de este tiempo hemos sido fríamente golpeados por parte de las autoridades de educación que no escucharon nuestros argumentos, bajos aranceles, jornadas vespertinas y la calidad en la educación, la cual nunca ha sido cuestionada. Esto nos motiva todavía, a seguir defendiendo a esta Universidad y su proyecto. El ingreso del Sr. Torrealba, Administrador de Cierre, afectó enormemente a los estudiantes, generando un riesgo para nuestros estudios al no entregar jamás certezas en el proceso ni su plan de administración, como también, el riesgo en la estabilidad laboral de nuestros docentes y funcionarios”.