La Corte Suprema confirmó una sentencia dada por la Corte de Apelaciones de Arica, donde se rechaza un recurso de protección contra la implementación del Pase de Movilidad.

La Tercera Sala desestimó algún tipo de actuar arbitrario por parte de el Ministerio de Salud ya que las decisiones tomadas estuvieron basadas en evidencia científica y con el fin de resguardar la salud de la población.

“El referido Pase de Movilidad, sus requisitos y el tratamiento de vacunación, han sido implementados por la autoridad sanitaria, incluido el Instituto de Salud Pública, junto a un Comité de Expertos compuesto por profesionales reconocidos en el área“, indica el fallo.

Se indica en el documento que el objetivo del plan de vacunación previo al Pase de Movilidad es “preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país; y prevenir mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por Covid-19″.

Por ello, si “los derechos sanitarios colectivos deben privilegiarse por sobre el interés individual de los actores”, a juicio de la instancia, entonces las condiciones asociadas al pase de movilidad “no resultan desproporcionadas ni poco razonables”.

El fallo concluye destacando que “En ese orden de ideas, las medidas dispuestas en la Resolución impugnada lo han sido por la autoridad sanitaria en pos de evitar un mal mayor, la propagación del virus SARS-CoV-2. De este modo, éstas se ajustan a la racionalidad, y la legislación vigente, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad”.