El Juzgado de Garantía de Talcahuano amplió hoy  hasta el 1 de marzo próximo la investigación que desarrolla el Ministerio Público por los delitos reiterados y consumados de malversación de caudales públicos y abandono o negligencia inexcusable que permitió su sustracción (artículo 234 del Código Penal), en la que imputa responsabilidad a los funcionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Talcahuano Gerardo Iván Cuello Hurtado, César Antonio Jara Fuentes, Verónica Juana Risso Caamaño y Juan Carlos Escribá Olmos. Ilícitos que habrían perpetrado entre enero de 2015 y mayo de 2019, en la comuna.

En la audiencia de formalización de la investigación, aumento de plazo y revisión de cautelares, el magistrado Leonardo Llanos Lagos tuvo por comunicada la reformulación de los hechos que se le imputan a Cuello Hurtado, como autor de 251 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos; a Jara Fuentes, como autor de 80 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos; a Risso Caamaño, como autora de 134 delitos consumados y reiterados de abandono o negligencia inexcusable, y a Escribá Olmos, como autor de 186 delitos consumados y reiterados de abandono o negligencia inexcusable.

En la audiencia, el juez decretó el arresto domiciliario total para Jara Fuentes, a solicitud de la fiscalía con el acuerdo de la defensa, y fijó para las 09:00 horas del lunes 1 de marzo próximo, audiencia de exploración de procedimiento abreviado para los imputados Cuello Hurtado y Jara Fuentes.

Según el ente persecutor, entre enero de 2015 y mayo de 2019, Cuello Hurtado y Jara Fuentes, funcionarios del departamento de finanzas del DAEM, se concertaron para retirar y apropiarse de fondos a través de una serie de cheques por diversos montos, los que eran firmados por Risso Caamaño y Escribá Olmos, quienes no supervisaron su correcta emisión y cobro, los que luego fueron depositados en cuentas de los indagados Cuello Hurtado y Jara Fuentes.

Cabe señal que la estimación del total defraudado alcanzaría a $201.089.589 (doscientos un millones, ochenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos), a través de 250 documentos bancarios.