La tarde de este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Esto luego de detectar irregularidades en la licitación de cámaras corpóreas para Carabineros.

La compra fue visada en el año 2020 por la ex subsecretaria Katherine Martorell (RN).

A través de un comunicado, la CGR detalló que los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La auditoría, realizada a solicitud del diputado DC Gabriel Ascencio, dio cuenta de la compra de cámaras corpóreas por 378 millones de pesos cuya principal función debería ser la función “post recording”, donde debe mantenerse la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuera apagada.

Motorola, la empresa que se adjudicó la licitación habría presentado su propuesta fuera del plazo establecido “Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020”, reveló el informe.

Tampoco fueron presentados junto a la propuesta, antecedentes que acrediten que las cámaras contaran con la función “post recording”, ni que luego de realizada la recepción de las 300 cámaras, la Subsecretaría de Prevención del Delito no verificara que efectivamente cumpliera con la función.