La mañana de este martes, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se refirió en Radio Universo sobre la situación que han generado las declaraciones del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien reconoció este fin de semana que no padece de cáncer, sino que otra enfermedad.

La mesa directiva de la Convención informó ayer que realizó una denuncia por el caso de Rojas Vade ante la Fiscalía. 

“Primero en término personal. Yo creo que más allá del juicio político, y de la respuesta institucional que tenemos que ver, no hay que perder de vista aquí hay un drama humano importante familiar causado por esta situación”, sostuvo Bassa. 

Esa misma línea, indicó que, como ciudadano, “estoy acostumbrado, probablemente igual que ustedes, a cómo los integrantes de órganos de representación popular tienen la tendencia a defenderse entre ellos, antes de salir a darle explicaciones a la ciudadanía”.

“Y teníamos en la mesa esa sensación, de ‘aquí no podemos repetir la práctica que tanto desprestigio le ha causado a la política’. Insisto, no es una práctica generalizada, pero es una sensación que uno tiene como ciudadano”, agregó.

Asimismo, dijo que la Convención Constitucional no tiene la intención de hacer defensas corporativas.  “Caiga quien caiga, vamos a salir de esa lógica de la defensa corporativa. En segundo lugar, ya no como ciudadano, sino como vicepresidente de la constituyente, Elisa (Loncon) y yo, tenemos una responsabilidad muy importante de conducción de la asamblea y resguardo y protección de lo que esta asamblea representa”.

Respecto a las sanciones en contra del convencional, aseguró que primero se debe identificar el tipo de responsabilidad, para luego aplicarle una sanción. 

“Lo que corresponde, creo yo, es aplicar el derecho, las normas jurídicas vigentes que nos hemos dado, entregar las competencias a los órganos respectivos”, afirmó. 

Aunque se ha hablado sobre una renuncia o destitución para esta situación, el vicepresidente de convención señaló que es importante “no mezclar esos ámbitos, identificando las responsabilidades políticas, penales, etc., de a poco”. 

“Hay buenas razones desde la perspectiva de la teoría democrática para no habilitar la renuncia de un constituyente por razones políticas y para no habilitar al órgano al cual esa persona pertenece para su destitución”, agregó. 

Asimismo, explicó que la renuncia y una eventual destitución “son mecanismos que alteran la representatividad de un órgano colegiado, y le dan al organismo completo la facultad de presionar políticamente para una renuncia, o para destituir a alguien. Ese tipo de mecanismos lo hemos visto utilizados en otros países, en otros contextos históricos”.

Sobre los mismo, precisó que “son casi siempre dispositivos que usan ciertos sectores políticos cuando se encuentran en mayoría para preferir y presionar a las minorías políticas, ya sea por su condición de minoría o por el tipo de ideas que defienden o por el tipo de votaciones que llevan adelante”. 

“No concentrar el poder en la persona que renuncia, o en el órgano, sino desconcentrar el poder político y entregárselo a la ciudadanía”, cerró.