Este viernes, el Juzgado de Garantía de Coquimbo rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía para los dueños de locales de máquinas tragamonedas que funcionan en la zona por presuntamente estar prescrito los hechos.

De esta manera, el Ministerio Público deberá seguir investigando penalmente a los locatarios y agotar todas las diligencias, tras acoger la petición del Casino Enjoy Peñuelas –representado por el abogado Juan Carlos Manríquez- que fundamentó su petición en que el delito de juego ilegal es permanente y que existen querellas que datan de los años 2016 y 2019.

De acuerdo al querellante, fue en 2019 cuando la entonces intendenta de la Región, Lucía Pinto, se querelló en la causa en representación del Gobierno Regional, agregando que –incluso- la propia municipalidad de Coquimbo informó que ningún local que explotaba las máquinas, tenía permiso o patente para ello, por lo que se trataría de locales “clandestinos”.

El querellante, quien ha mantenido activa la investigación desde el inicio de la causa, recalcó –además- que la decisión del tribunal sigue la línea de lo dispuesto por la Corte Suprema, El Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Casinos de Juegos, detallando que “las mismas autoridades  han dicho reiteradamente que explotar este tipo de máquinas fuera de los casinos legales, es un delito, y que los municipios no pueden dar ni renovar patentes para ese fin a quienes no sean titulares de una licencia de operación de Casinos”.

“Es muy relevante la resolución del Tribunal de Garantía de Coquimbo que ordenó continuar la investigación sobre tragamonedas ilegales en esa ciudad, rechazando la petición del Ministerio Público de declarar prescrita la acción, particularmente, porque la querella del casino Enjoy Peñuelas ha estado activa desde el mes de junio del año 2016 y en octubre del año 2019, se querelló la entonces señora intendenta por los mismos delitos”, reiteró Manríquez.

En la misma línea, el abogado afirmó que “el tribunal entendió que se trata de un delito de consumación permanente, razón por la cual sólo se puede argüir prescripción respecto de cada imputado individualmente cuando han cesado la actividad ilegal”.

“Es muy importante porque la propia Municipalidad de Coquimbo reconoció en sus respectivos oficios, que casi 30 locales comerciales son absolutamente clandestinos, carecen de todo tipo de patentes y –además- no son titulares de una licencia de operación de casino, razón por la cual es necesario continuar hasta la completa sanción de estos delitos permanentes de contenido económico que tanto daño causan”, puntualizó Juan Carlos Manríquez.