El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió este jueves al informe emanado desde Human Rights Watch (HRW), el cual solicita al Gobierno desistir de las expulsiones sumarias de ciudadanos venezolanos.

Frente a esto, Galli sostuvo que “se nos pide terminar con las expulsiones y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria es, hoy día, la ley vigente”.

Asimismo, indicó que no solo se quebrantaría la ley migratoria actual, sino que también la que entrará en vigencia. “Pero también la ley nueva, que va a entrar en vigencia dentro de poco tiempo, establece la expulsión como un resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país”.

El subsecretario precisó el número de personas que han sido expulsadas del territorio nacional. 

“Nosotros, hasta ahora, tenemos 33 mil expulsiones decretadas en nuestro país. 13 mil, de las cuales, corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen. Por lo tanto, no pudieron regularizar su situación migratoria en nuestro país”.

Además, aseguró que “lo que corresponde es que el Gobierno lleve adelante los procesos administrativos, y si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones”. Y aclaró que todo esto con “pleno respeto del debido proceso” y que “una persona que tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa su expulsión”.