Una auditoría al Senado reveló la existencia de una serie de pagos en exceso a 53 personas, de las cuales 42 se encuentran activas y 11 retiradas, por por un monto total de $208.913.576, entre enero de 2017 y febrero de 2020.

Según publica el diario El Mercurio, el hecho habría salido a la luz en el informe elaborado por el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna del Senado, el cual  detectó un mecanismo destinado a compensar el monto que debían pagar los empleados de alto rango por concepto de impuesto a la renta.

En este sentido, lo que se hacía era “la sobreestimación de complemento de jornada bruto por la no actualización de la tabla de impuestos por la que se estimaba.”, lo que en definitiva  permitía “evitar una merma en el sueldo líquido de 42 funcionarios”.

“Se estableció un pago adicional para cubrir los tributos, lo que les permitiría la remuneración completa fuera de impuestos. La dificultad estuvo en que se sobrestimó el impuesto, por lo que se produjo un margen a favor”, señala el informe.

Tras detectar esta sobrestimación del impuesto, la corporación instruyó un sumario administrativo para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas, junto a ello, se instruyó una elaborar una “propuesta de modificación al reglamento de personal para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en exceso”.

Problema con las metas institucionales

Por otro lado, el documento reveló que 21 de las 28 metas para el incentivo institucional estaba replicadas, para configurar la totalidad de las metas colectivas de la corporación.

“Es común observar, en los servicios o instituciones afectas a los incentivos de la Ley 19.533, que algunas de las metas colectivas están relacionadas con las metas institucionales, pero en ningún caso ello implica que puedan estar idénticamente establecidas como ocurre en nuestra corporación”, señala el informe.

“Esto tergiversa el objetivo pretendido por la Ley 19.533 de crear dos incentivos relacionados, pero distintos entre sí y que además poseen porcentajes diferentes de incremento remuneracional”, agrega.

A ello, el texto señala que el problema estaría en el “sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior, sin cumplir formalidades respecto de los cuales se propone un mecanismo de regularización, a partir de dos estudios en derecho solicitados”.