Por 92 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las observaciones ingresadas a través de un veto presidencial, al proyecto que establece un indulto general conmutativo a causa del Covid-19, iniciativa que busca beneficiar a cerca de 1.300 internos en diversos centros penitenciarios del territorio nacional-

El veto fue tramitado a raíz del rechazo que recibió el informe de la comisión mixta, instancia que buscaba zanjar las diferencias surgidas en la tramitación del texto entre ambas ramas del Parlamento.

En lo fundamental, las observaciones del Presidente Sebastián Piñera vinieron a reponer las normas que no lograron ser aprobadas en torno del citado proyecto que establecen el indulto conmutativo y que dicen mención con una facultad que se entrega a Gendarmería para que fiscalice el cumplimiento de la medida, disposiciones claves, pues la propuesta no contempla un indulto general, sino que uno conmutativo, que implica que los condenados deben seguir cumpliendo sus penas, pero bajo la modalidad de reclusión total domiciliaria o reclusión domiciliaria nocturna.

Asimismo, se regula que le corresponderá a Gendarmería de Chile verificar el cumplimiento de los requisitos pertinentes en cada caso y, para ello, el interesado deberá fijar domicilio, firmar la respectiva solicitud y firmar un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito, en el establecimiento en que esté cumpliendo su condena.

El incumplimiento de la modalidad alternativa, sin la debida y oportuna justificación a Gendarmería de Chile o al tribunal, dará lugar a su revocación, debiendo continuar el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento penitenciario.

Cabe agregar que el veto también vino a modificar una norma del proyecto que especifica que no procederá el indulto conmutativo para los condenados por determinados delitos graves. En este marco, por ejemplo, se excluyen los condenados por actos de lesa humanidad, asociación ilícita para el narcotráfico, infracción a la ley de control de armas, secuestro con homicidio, violencia intrafamiliar y, en general, delitos cometidos en contra de menores de edad.

El futuro del texto, que tiene como fin descongestionar y evitar el hacinamiento en las cárceles, será zanjado ahora por el Tribunal Constitucional, instancia que aún debe resolver un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos, que consideran que el proyecto discrimina, al no permitir que algunos condenados puedan acceder al beneficio.