Este lunes el Gobierno anunció que presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas en contra de la jueza del 14° Juzgado de Garantía de Santigo, Andrea Acevedo, la cual estuvo en el centro de la polémica por sus dichos en la formalización del carabinero que atropelló al barrista de Colo Colo Jorge Mora.

En este sentido, la querella ingresada por el abogado representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Francisco Castro, señala que la magistrada  a recibido una serie de “una serie de ‘funas’ (actos de agravio y repudio públicos según uso y costumbre de dicho término) sufridas por la Jueza Andrea Acevedo Muñoz a través de distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), dentro de las cuales se profirieron amenazas de muerte y otros males en razón de la fundamentación de su dictamen con posterioridad a la realización de la audiencia referida, amenazas que ya son parte de una investigación producto de una denuncia realizada por la propia magistrada”.

Junto a ello, el texto pone énfasis en la “funa” que sufrió la afectada el pasado día 02 de febrero a las 12.30 hrs en su vivienda en la comuna de Las Condes, al respecto  el escrito detalla que ella consistió “en la asistencia a las afueras del domicilio particular de la Jueza Andrea Acevedo Muñoz, situado en la comuna de Las Condes por una importante cantidad de personas (cerca de 200), en su mayoría movilizadas en bicicletas, en la cual se le profirieron también una serie de consignas que denostan su condición de jueza y también de persona, dentro de las que también se encontraban amenazas directas de muerte y otros males por personas hasta ahora no identificadas”.

Respecto de los delitos invocados en el escrito, se explica que se invocó el  artículo 264 del Código Penal, refiriendo a que quien “amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales, o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso, o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere pronunciado o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados”.

Finalmente, junto con marcar un precedente el ejecutivo solicitó a la Brigada de Cibercrimen de la PDI realizar una investigación en redes sociales para obtener detalles de las amenazas.