El Banco Central de Chile publicó hoy el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2019, en el que destaca que la crisis social ha generado cambios importantes en el escenario macroeconómico, afectando negativamente la actividad de corto plazo.

Con esto, este año el PIB total acumulará un crecimiento en torno a 1%, considerablemente por debajo de lo previsto en septiembre, como producto de una caída de la actividad en el cuarto trimestre de -2,5%. Esta proyección contempla que tanto el consumo como la inversión tendrán variaciones anuales negativas en la última parte del 2019, debilidad concentrada en sus componentes transables.

De esta forma, el ente emisor espera que para el año 2020  el PIB crezca entre 0,5 y 1,5%, cifra que se incrementará a entre 2,5 y 3,5% en 2021. Esto supone que las disrupciones que están afectando la economía irán desapareciendo en el curso de los próximos trimestres, al mismo tiempo que se irá reduciendo la incertidumbre que afecta las decisiones de consumo y de inversión.

Impactos de la crisis social sobre el escenario macroeconómico

Dese el estallido social, se ha producido un brusco deterioro en la actividad de casi todos los sectores y una mayor volatilidad en los precios financieros, especialmente el tipo de cambio, contenidos por las medidas aplicadas en las últimas tres semanas por el Banco Central.

Por otro lado, las expectativas de hogares y empresas se han debilitado de forma muy significativa, lo que anticipa un bajo crecimiento para el 2020. Sostiene que el actual escenario presenta un grado de incertidumbre mayor que el habitual, tanto por las dudas respecto de la duración de las disrupciones, como por la evolución de la situación política y los fundamentos de mediano plazo.

Un factor clave en la evolución futura de la economía será la confianza de hogares y empresas, y su relación con el desempeño del mercado laboral, el consumo y la inversión.

El IPoM agrega que la crisis social se ha caracterizado por demandas sociales que han levado a la discusión de cambios institucionales relevantes —como una nueva constitución— y mayores presiones en el gasto fiscal. Este proceso no tendría en sí mismo un impacto económico, pero si lo han tenido los episodios de violencia significativos y prolongados que se han producido desde el 18 de octubre, los que han provocado importantes disrupciones en el sistema productivo, incidiendo fuertemente en una menor actividad y debilitando el empleo.