Como un enorme precedente jurídico en materia de responsabilidad medioambiental calificó Greenpeace la sentencia de la Corte Suprema que revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en su lugar, acoge los recursos de protección interpuestos por la comunidad y  distintas organizaciones ciudadanas.“Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno”, indicó la organización en un comunicado difundido este martes.

El máximo tribunal del país ordenó al gobierno a tomar una serie de medidas para proteger a la población de la zona, “la autoridad deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer de manera cierta y fundada cuál es el método más idóneo y adecuado para determinar la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”.

Para Matías Asun, director nacional de Greenpeace, “el máximo tribunal del país no sólo obliga a desarrollar este estudio, sino que obliga de manera perentoria al gobierno para que, en un plazo máximo de un año, implemente las medidas correctivas necesarias. En la práctica es un reconocimiento claro de que el Estado no ha cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona».

Asun, destacó otros de los puntos del fallo de la Corte Suprema que señala “la elaboración de un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de esas comunas que permita determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua; asimismo, deberá implementar un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de esas patologías”.

Además la Suprema obliga al Estado al traslado de las personas directamente afectadas por estas emergencias contaminantes en la zona. Pero no solo de los pacientes directamente afectados, sino que amplía su protección a la ciudadanía vulnerable.

“La corte es clara y enfática en señalar que cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, la población vulnerable será trasladada desde la zona afectada hacia lugares seguros y mientras perdure el señalado episodio. En la práctica se trata de evacuaciones masivas de protección que no tiene precedentes en nuestro país”, señala Matías Asun.

Cabe recordar que la resolución del máximo tribunal del país respondió a un recurso interpuesto en contra del Presidente de la República, el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, ante la respuesta que el gobierno ha tenido frente a los graves episodios de contaminación generados en la zona.