En el marco de la política migratoria «Ordenar la Casa» el Gobierno informó que iniciará órdenes de expulsión para aquellos inmigrantes que no tengan sus documentos regularizados.

Según consigna El Mercurio, Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior indicó que el plazo máximo para realizar el proceso de regularización es hasta el próximo 22 de julio del presente año.

«El plan de regularización extraordinario era crucial dentro de los anuncios de la política migratoria para el país. No existe nación que establezca una política seria si no considera una solución para las personas que no están regulares en su país», indicó Ubilla.

Por este motivo, Rodrigo Ubilla animó a los extranjeros a que regularicen sus documentos «porque llegará un momento, terminado el plazo, en que nosotros vamos a salir a buscarlos y les vamos a tener que decir ‘señor, señora, usted va a tener que abandonar el país'».

Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso que la Policía de Investigaciones (PDI) realice 85 mil fiscalizaciones a partir de mayo de este año, las mismas se iniciarán en Antofagasta, Santiago Centro, Estación Central y Curicó.

«Se fiscalizará si el extranjero está regular. En la calle se le pedirá el documento -la PDI tiene facultad de solicitarlo- y si tiene la cédula de identidad chilena que dice permiso temporal, perfecto, siga adelante. Si no tiene documentos, la PDI tiene facultades para detenerlo. Lo lleva a la unidad policial y la persona deberá acreditar su identidad», manifestó el subsecretario.

«El ciudadano tiene que estar regular en nuestro país, es decir, tiene que estar bajo la condición de turista dentro de los 90 días; tener una visa de residencia temporal, o residencia permanente. En caso que no tenga esa condición, nosotros vamos iniciar su proceso de expulsión», indicó Rodrigo Ubilla.

Por su parte, el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, indicó que «la PDI nos informa, nosotros revisamos el caso y cuando corresponda se hace la orden de abandono. Esa orden, dependiendo del caso, es de 72 horas a 30 días».

«Después de los 30 días se revisará con la PDI si efectivamente la persona salió del país. Y si no dejó el país, se empieza a tramitar la orden de expulsión», sentenció Álvaro Bellolio.