Tres días a 40 metros de altura llevan tres de los siete manifestantes que, la madrugada del martes, se tomaron una de las torres de alta tensión del megaproyecto de Interchile, Cardones-Polpaico, mientras que el resto decidió encadenarse a la parte baja de la misma, acción que – además de ser un peligro para las personas involucradas – dividió a los miembros de la comunidad.

Así lo consignó hoy El Mercurio de Valparaíso, pues, para sorpresa de los vecinos y las autoridades, la toma no se ha depuesto, a pesar de las condiciones climáticas que han tenido que enfrentar, de acuerdo a lo expresado por un manifestante a través de un vídeo.

Los siete opositores recibieron la visita de la Gobernadora de Marga-Marga, Carolina Corti y los seremis de Energía y Medioambiente, Gonzalo Le Dantec y Victoria Gazmuri, para que escuchasen sus demandas, sin dar resultados.

Reacciones

Esta radicalización de la oposición al proyecto de la empresa colombiana ha generado opiniones de todo tipo, comenzando por la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, quien sentenció que «lamento cómo se manosean los temas por intereses económicos de compensaciones, haciendo creer que acá hay una preocupación por el medio ambiente», y agregó que «se agotaron todas las instancias legales y nadie puede actuar con violencia y amenazas, y menos atentar contra la vida». 

Pero no sólo las autoridades regionales buscan deponer la radical toma, sino que también los propios vecinos de La Dormida se muestran preocupados por la salud de los opositores.

Así lo expresó Juan Molina, uno de los abogados de la comunidad al medio citado, diciendo que «la comunidad que represento ha hecho valer sus derechos de una manera pacífica y jurídica, pero otras personas han buscado vías distintas para evitar que se destruya una maravilla de la naturaleza, arriesgando sus vidas en aras de lo que consideran sus derechos».

El abogado aseguró que «existe mucha preocupación por la vida y salud de las personas, y esperamos no tener desenlaces que lamentar». «Hago votos sinceros para que, en el más breve plazo, las personas que están en la torre puedan volver a confiar en la justicia y retornen a sus casas, con sus familias». 

Por su parte, el concejal de la ciudad, Pablo Altamirano, ha mostrado su solidaridad con el movimiento, sin embargo, también ve con ojos críticos la radicalización del mismo, ya que, «he apreciado que están muy empoderados» y «me preocupa que, en algún minuto alguien vaya a tomar una decisión errada». 

El socialista sostuvo, además, que «más que una intención de querer bajar los brazos, ellos están analizando una segunda alternativa más expresiva de lo que ha sido hasta ahora. Y, si bien al principio nuestro objetivo era paralizar el proyecto y sacar las torres de la reserva, hoy vemos con mucha preocupación la seguridad de las personas que están allí». 

A pesar de los peligros, para Altamirano, la toma no ha perdido el apoyo de la comunidad, pues, si así fuese, ya se habría depuesto.

Lo sorpresivo es que, según el vicepresidente de La Dormida, Raúl Tapia, la acción no ha contado nunca con su apoyo, pues «la asamblea nunca dio la orden para que estas personas se subieran a la torre y menos aún con esa agresividad, llegando a un punto de arriesgar sus vidas y la de otras personas». 

En este sentido, Tapia explicó que «nosotros estamos en contra de que el proyecto atraviese por acá, pero esa oposición la estamos realizando en la justicia y será en esa instancia donde sabremos si se hicieron bien o no las cosas, pero jamás con ese tipo de acciones», aclarando, a su vez, que «estas personas no pertenecen a la comunidad, no viven acá y no sabemos por qué están con esa postura», finalizó el medio local.