El Consejo para la Transparencia (CPLT) y Gendarmería están enfrentando una disputa desde diciembre pasado, que llegó hasta la Corte de Apelaciones, debido al acceso a un listado de personas que se encuentran privadas de libertad por violaciones a los Derechos Humanos.

En dicembre, según lo expuesto por La Tercera, la Dirección Nacional de Gendarmería presentó un reclamo de ilegalidad ante la decisión del Consejo de que se entregase una «nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y Punta Peuco, sin tarjar los nombres y apellidos», de acuerdo a lo que se lee en el fallo del tribunal que se emitió el 25 de marzo pasado.

No obstante, la misma Corte rechazó el reclamo impuesto por los uniformados, por lo que se podría, eventualmente, proceder a la entrega de la información que, inicialmente, fue solicitada por una académica de la Universidad de Chille, constató el medio.

La defensa de los internos no tardó en entregar su respuesta ante esta nueva decisión, declarando , en la voz del abogado de Punta Peuco, Raúl Meza, que «tenemos la más absoluta convicción jurídica (de) que esta resolución judicial es absolutamente ilegal e inconstitucional, por cuanto vulnera el derecho a la intimidad y privacidad que tiene todo reo en este país de su identidad y datos personales, especialmente tratándose de causas judiciales sobre derechos humanos». 

Por último, Meza agregó que «vamos a exigir al Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, que apele a dicha resolución judicial de la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y así se permita hacernos parte ante la Corte Superema en este recurso para defender los intereses de los internos de Punta Peuco y Colina 1», escribió el medio.