El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar los detalles sobre cómo la institución fiscaliza a los municipios, especialmente en el polémico informe que recae sobre el municipio de Viña del Mar.

La sesión, a la que la autoridad había sido invitado previamente, se realizó ayer a las 15:30 horas y estuvo marcada por la explicación acerca del informe que dio a conocer el diario La Tercera sobre la auditoría al municipio viñamarino, el cual era un «documento de trabajo».

El contralor enfatizó que «desgraciadamente, hay personas que, yo no sé si por desconocimiento, por mala intención o por todas las anteriores, tratan de sacar partido de esto, pero hoy leí en un diario que una persona que forma parte del Consejo de Modernización decía que el contralor había ‘fondeado en un cajón este documento’ y esto me parece que no sólo es una falta de respeto a la institución, sino que también una falsedad, porque el documento está acá», señalando que han encontrado facturas en roperos de algunas municipalidades, informó El Mercurio de Valparaíso.

Bermúdez aprovechó también de referirse a las críticas que se han esgrimado en su contra, expresando que «las auditorías de la Contraloría no son aleatorias, estas responden a una matriz que tiene un conjunto de elementos, entre otros, por ejemplo, denuncias que nos hacen los parlamentarios para llegar a auditar a un determinado municipio o entidad. Cuando hacemos pasar esto por la matriz, evidentemente, que hay servicios y municipalidades que siempre van a salir, porque el riesgo que hay ahí es mayor…no se extrañe que la Contraloría siempre esté en el Ejército, en Carabineros y en Municipalidades que son bastante grandes, porque manejan muchos recursos, y ese es el foco de la Contraloría al final de cuentas». 

La autoridad explicó que la evaluación a los municipios se realiza sumando el ingreso inicial de caja con los ingresos devengados y al resultado restarle el gasto devengado, es decir, los montos que están comprometidos para pagarse o recibirse, según sea el caso, lo que da como resultado el déficit.

De esta manera, precisó que «si estos datos fueran fidedignos, no sería necesario ir a auditar, porque bastaría con que esto está correcto y podríamos, por así decirlo, hacer una fiscalización remota a partir de la información que nos van reportando las municipalidades. Pero, obviamente, la realidad no es así, es distinta», por lo que hay un abanico de posibilidades a la hora de realizar la contabilidad, debido a la diversidad y capacidad de los municipios.

«De esta fórmula base, hay, normalmente, observaciones, porque la contabilidad no lo está expresando de buena manera. No hay un cambio en la fórmula, sino que es el despeje de la información que se tiene que hacer pro parte del auditor», detalló.

Con respecto al reportaje de La Tercera sobre la situación del municipio de Viña, Bermúdez fue crítico, al decir que «en el caso particular de ese pseudo-reportaje del día domingo, porque en realidad no hay ninguna fuente que se haga responsable de esos dichos, lo que ahí no se dice es que en el saldo inicial de caja esos recursos estaban afectados, no eran de libre disposición ni destinados al presupuesto, estaban afectos a un fin, porque era plata que había puesto el Ministerio de la Cultura para la reparación del Teatro Municipal y el Palacio Vergara, $4.800 millones y $400 millones respectivamente, por lo tanto, no podían ser considerados como saldo inicial de caja», y aseguró que el año 2016, se envió un instructivo para calcular estos montos correctamente.

Rumores sobre sesgo político

A través de un gráfico, el contralor explicó que los municipios controlados por la ex Nueva Mayoría fueron los que más fiscalizaciones tuvieron por parte de la institución en materia de déficits, realizando 18 investigaciones el año 2017, mientras que en los regidos por Chile Vamos, hubieron 12 fiscalizaciones ese año y tres en municipios independientes. Por su parte, el año 2018, se hicieron 11 auditorías a municipalidades de Chile Vamos, 8 a la ex Nueva Mayoría y tres a independientes y, por último, durante los tres meses que van de este año, existen tres investigaciones que cometen a edificios consistoriales de Chile Vamos.

Es por ello que Bermúdez fue enfático al señalar que «la Contraloría se define, constitucional y legalmente, como un órgano autónomo e independiente y esa autonomía es política en primerísimo lugar…uno puede darse cuenta acá que, si alguien puede reprocharle algo a la Contraloría es por qué ha auditado más a la ex Nueva Mayoría que a la actual coalición de gobierno». 

Visión de los parlamentarios

Algunos asistentes a la exposición no pertenecían a la Comisión de Constitución, pero mantienen una estrecha relación con Viña del Mar. Tal es el caso del diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien ejerció, por muchos años, como concejal de la comuna y expresó al medio local que «la Contraloría, en general, ha actuado bien y me pareció bastante precisa, clara, concisa, la exposición del contralor, y lamento lo que está ocurriendo. Yo tengo una buena opinión de la alcaldesa Reginato, creo que ella es proba, y aquí los asesores y las personas del municipio que hicieron caer en este déficit tienen que responder». 

Uno de los puntos de inflexión de la jornada estuvo marcado por la poca presencia de la UDI en esta exposición, sin embargo, el diputado Jorge Alessandri estuvo presente, a pesar de que el partido – al que pertenece la acusada alcaldesa – pidió la renuncia del contralor y está evaluando, según la senadora Jacqueline van Rysselberghe, establecer una acusación constitucional en su contra, iniciativa que, según El Mercurio, no ha sido aprobada por el resto de la coalición.

Otros miembros del gremialismo que llegaron tarde y que no son parte de la Comisión, fueron los diputados María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia, que sí quisieron hablar con la prensa, dando sus puntos de vista tanto sobre la gestión del contralor como sobre la idea de acusarlo constitucionalmente.

En este sentido, Urrutia expresó que la mencionada acusación «está en estudio, no es una decisión que se haya tomado, se tendrá que tomar al interior de la bancada y entiendo que ella (Van Rysselberghe) tiene más antecedentes que los de Viña como para llegar a esa conclusión (…). Veremos si amerita una acusación constitucional, si hay suficientes pruebas para hacerlo». 

En tanto, la diputada Hoffmann señaló que «es una decisión que tenemos que tomar más como bancada que como partido, pero, evidentemente, las faltas del contralor dan para poder patrocinar una acusación constitucional».

No obstante, Celis declaró que «por lo menos, en RN, no están los votos para una acusación constitucional». 

El contralor Bermúdez, expresó, al final de su exposición, que «como Contraloría, hicimos una exposición bien detallada, de las formas en que, por un lado, se tiene que realizar la contabilidad de parte de los servicios públicos y las municipalidades, y luego, la forma en que Contraloría audita esa contabilidad. Lo que se expresó fue que aquí no hay ninguna vara distinta respecto de nadie, se ha aplicado el mismo criterio, pero hay un principio fundamental, que los auditores tienen que trabajar con información que sea fidedigna y completa y, cuando eso no ocurre, tienen que seguir investigando hasta llegar a cuál es la realidad financiera de una entidad». 

Por último, consultado sobre si estos acontecimientos son un «amedrentamiento» a los auditores, Bermúdez dijo que «tratamos de hacer el trabajo de la manera más objetiva posible y, si uno hace una revisión en términos políticos,, de dónde se audita y de dónde no, está todo bastante distribuido, entonces, aquí no hay ningún sesgo. Lo único que hay es tratar de hacer la pega, el trabajo de una manera profesional, que es lo que se ha hecho en todas partes», finalizó el medio local.