El escándalo del millonario pago de viáticos a diputados para asistir al Congreso, revelado por primera vez en noviembre pasado, volvió a la agenda tras la publicación del informe que realizó la Comisión de Auditoría de la Cámara, entregando más detalles al respecto.

Las abultadas cifras que recibieron 153 de los 155 diputados que conforman la Cámara, ascienden a $166 millones, pero la norma establece que la cantidad debería ser de $78.621.

De esta manera, según La Tercera, el informe señaló que «no existen reglas complementarias impartidas por la Comisión de Régimen Interior y administración en relación con los viáticos nacionales, a diferencia de lo que ocurre en el Senado».

Además, los auditores, liderados por la abogada Priscila Jara,  pusieron en duda la información entregada desde el Departamento de Finanzas de la entidad para realizar el estudio, la cual, según consignaron, contenía incongruencias como el pago adelantado de dichos viáticos, descontándose las inasistencias de los diputados en el mes anterior del año 2018.

Parte de dichas incongruencias está en que «implica un permanente rezago de la información, toda vez que se paga de manera anticipada, sin que conste que, en algún momento del año, se realizara un ajuste o cuadratura final», escribió el informe.

Por otro lado, los auditores negaron lo dicho por la administración de la Cámara, que señaló que los montos asignados al principio del proceso ya habían sido restituidos, expresando, en su informe que «no se efectuó el descuento por el pago en exceso de junio».

Además, el informe establece que la Cámara Baja no sube información actualizada a Transparencia Activa, dando a conocer que el último acceso a esta plataforma data de octubre del 2018.

Reacciones 

El primer organismo en hablar fue la Comisión de Régimen Interno de la Cámara, que, mediante un comunicado, señaló que en el informe, que calificaron como «preliminar», «ha quedado de manifiesto que no hay perjuicio fiscal alguno ni responsabilidad de los parlamentarios en la imputación de viáticos a cada diputado y diputada». 

En esta línea, el organismo explicó que las incongruencias detectadas «se han generado, como lo demuestra el informe, por una falta de claridad en las normas, dictadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, y sus sucesivos cambios, la interpretación que de esas normas ha hecho la Dirección de Finanzas y los eventuales errores en los cálculos realizados por esa unidad». 

Por último, la comisión agregó que «de lo señalado por Finanzas y de lo expresado en el informe, existe una clara contradicción respecto a cómo debieron imputarse estos gastos, al punto de que el propio Comité de Auditoría no ha podido llegar a una cifra única de lo que se habría imputado incorrectamente». 

La abogada líder de la investigación, Priscila Jara, propuso, finalmente,  que los abultados viáticos deberían ser restituidos.