A pesar de que el proyecto Cardones-Polpaico fue aprobado por el Congreso en su momento, parlamentarios opositores investigarán nuevamente el caso, debido al conflicto que mantiene la empresa colombiana Interchile en el sector de La Dormida, en Olmué, donde la entrega de las ocho torres de alta tensión del proyecto eléctrico se retrasó hasta el 11 de marzo.

El senador e integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Guido Girardi, representante del PPD, solicitó citar a las ministras de Energía, Susana Jiménez, y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, recibiendo el apoyo de otros congresistas de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio.

Girardi pretende que las autoridades de ambas carteras expliquen en qué estado quedaría la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas con la culminación de la carretera eléctrica en la zona.

El parlamentario, quien, según su declaración de patrimonio, posee tres propiedades en La Dormida, expresó que «voy a pedir que a la próxima sesión vengan ambas ministras, porque tenemos una situación muy dramática en una reserva. Estamos tratando de que haya una COP25 (Cumbre de la ONU sobre cambio climático que se realizará el 2020 en nuestro país), pero no podemos borrar con el dedo lo que se escribe con la mano, porque tenemos una reserva que está siendo intervenida por el proyecto ‘torres'». 

El parlamentario aprovechó la instancia del final de la sesión para denunciar que fue amenazado por un funcionario del Ministerio de Minería anteriormente, pues declaró que «se estaba interviniendo ilegalmente la zona, con la complicidad de (los ministerios de) Energía y  Medio Ambiente que no hacían nada», escribió hoy El Mercurio de Valparaíso.

Apoyo de algunos diputados 

El proyecto de las megatorres será también revaluado por la Cámara de Diputados, en donde integrantes de la oposición expresaron su apoyo al senador Girardi.

De esta manera, el primero en dar declaración fue el diputado Diego Ibáñez, representante del Movimiento Autonomista, partido perteneciente al Frente Amplio, quien ha estado impulsando medidas para verificar el daño producido a la comunidad y al medio ambiente por este polémico proyecto.

La primera de ellas fue enviar siete oficios de fiscalización durante las últimas semanas, mientras que la segunda es solicitar la presencia de los directivos de la comunidad de La Dormida, con el fin de que expongan las denuncias realizadas contra Interchile ante la Comisión del Medio Ambiente y, por último, que la ministra Schmidt declare sobre «la Reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, que hoy es el mecanismo que permite que este tipo de proyectos se instalen sin establecer los daños efectivos», expresó Ibáñez.

Colliguay

La diputada del PPD, Carolina Marzán, está enfocada en resolver las denuncias hechas por una organización de vecinos y artesanos del valle de Colliguray (Quilpué), quienes expresaron, en una ocasión anterior, que existen irregularidades por parte de Interchile, las que se traducen en el paso de camiones de alto tonelaje por la zona, produciendo un daño ambiental y, por otro lado, envió un oficio de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales de la empresa y sus contratistas.

Marzán expuso que, en ambas ciudades, «hay una desesperación de la comunidad. No se puede permitir que se esté pasando a llevar el medio ambiente de esta forma. Estamos cayendo en un círculo doloroso, y lo que más podemos hacer es seguir fiscalizando en beneficio de las personas».