Nadie quedó ajeno a los acontecimientos del 23 de enero en Venezuela. Incluso, en nuestro país miles de venezolanos se movilizaron, festejando, lo que podría ser, el comienzo del fin de la Era Maduro.

No obstante, en Chile, al parecer no hay una sola lectura sobre la situación de Venezuela, si es una dictadura o una “democracia imperfecta”, como la ha denominado la Confech y Revolución Democrática.

Así, el parlamentario comunista; Daniel Núñez, sentenció que: “Lo que está haciendo el Presidente Sebastián Piñera, de reconocer a un gobierno ilegítimo, es una acción desestabilizadora de la democracia en Venezuela y, evidentemente, lleva a este país a una confrontación que puede llegar a una guerra civil…Y lo que uno se pregunta es, el que hoy pretende usurpar el poder, este Juan Guaidó, ¿Qué venezolano votó para elegirlo a él como presidente de la república? Esa es la pregunta que me hago yo”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio; Pablo Vidal, afirmó: “Espero que esta decisión apresurada, irresponsable, de reconocer a un segundo presidente en Venezuela no termine generando un derramamiento de sangre o un golpe de estado”.

Los más intrépidos, como la diputada comunista; Karol Cariola, insinuaron que lo de Venezuela se trató de una “sincronía” entre Sebastián Piñera, Donald Trump y Jair Bolsonaro que es “siniestra y sospechosa”. Por su parte, el líder del Partido Comunista Acción Proletaria; Eduardo Artés, dijo que Sebastián Piñera se “colocó al servicio de un golpe de estado”. Lo mismo sugirió el Alcalde de Recoleta; el comunista Daniel Jadue, acusando “intervencionismo de EE.UU.” y de “un grupo de golpistas”.

En último lugar, el Frente Amplio en su conjunto declaró: “Nos parece que el gobierno (de Chile) sostiene una posición contraria al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención internacional” al mostrarse a favor del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

De esta forma, podemos advertir que el variopinto abanico de izquierda chilena, desde las juventudes del Partido Socialista hasta el Frente Amplio, cerraron filas ante Nicolás Maduro y, por lo anterior, los demócratas de nuestro país tenemos el imperativo de responderles a estos hijos de Chávez y Fidel.

En primer lugar, la legitimidad de Juan Guaidó, radica, primariamente, en su calidad de diputado de la Asamblea Nacional del Estado Vargas, con la no despreciable suma de 97.492 votos, lo cual lo condujo a presidir aquel órgano unicameral que representa el Poder Legislativo en Venezuela. Y, asimismo, el artículo 233 de la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, lo faculta, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional, como encargado transitorio de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Es decir, no está más que ejerciendo su derecho constitucional de restablecer el poder legítimo.

En segundo lugar, en relación a la supuesta “acción desestabilizadora” e intervención en Venezuela por parte de aquellos países que reconocieron la legitimidad de Juan Guaidó, vale mencionar que, respecto al principio de no intervención en asuntos internos, la violación a los derechos fundamentales es una excepción en el derecho internacional, pues no es calificado un “asunto interno”.

Considerando, además, que el respeto por los derechos humanos y la protección de la democracia son normas consagradas en tratados internacionales, queda en evidencia que en Venezuela se han contravenido sistemáticamente, pues, el historial de violaciones a los derechos humanos y el socavamiento de la democracia por parte de régimen de Nicolás Maduro está ampliamente documentado por organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En tercer lugar, cuando los mencionados políticos de izquierda invocan el principio de autodeterminación de los pueblos, lo sacan de contexto, pues, a ojos del derecho internacional aquel principio dice relación con la concesión de la independencia de los países y a los pueblos coloniales, en el contexto de la descolonización. Es decir, se refiere a la creación de nuevos Estados, y no como pretexto para escudarse y validar fracasos de ingeniería social o proyectos ideológicos.   

Finalmente, hoy no podemos mostrarnos impávidos ante el sufrimiento de millones, ni silentes ante la justificación de un régimen totalitario. Pues, la condena a Nicolás Maduro no es ni “intervencionismo yankee” ni una violación al principio de autodeterminación de los pueblos. Es un acto de justicia, es un acto de humanidad y una demostración de cómo la ideología nos puede cegar ante la verdad.

Javier Labrín Jofré
Director Ejecutivo
Fundación Libertad Región Valparaíso